Profesionales que interactúan en el agro manabita dan cuenta de la desventurada intención municipal portovejense de alcanzar la cesión parcial de los terrenos donde funciona la estación experimental Iniap, fundada en 1962 como respuesta a los fenómenos climáticos desoladores de la fértil provincia. La finalidad fue crear un centro generador de tecnologías y variedades de alta productividad propias del medio, pero con tal versatilidad que pudiesen adaptarse a otras regiones de similares características ecológicas, siendo incuestionable el aporte científico en el desarrollo de cultivos de algodón, cacao, café, leguminosas, maíz, plátano, yuca, camote y frutales, básicos para la economía y subsistencia poblacional.

Esa extraña pretensión contradice claros preceptos constitucionales y legales que destacan la prioridad de la seguridad y soberanía alimentarias constantes en el artículo 281, numeral 8 de la Constitución, y en leyes como la de Tierras y Agrobiodiversidad y compromisos estatales, convertidas en frases desgastadas, relegadas e irrespetadas como la agricultura marginada de los afanes políticos y gubernamentales. Según nota del 28 de septiembre de 2021, el GAD de Portoviejo tiene interés en un espacio de 20,5 hectáreas de la unidad de investigación donde se instalaría un complejo agroindustrial CIAL, todavía en estudio, impulsando gestiones en espera de una decisión final de la junta directiva central de Iniap.

Llama la atención, por decirlo de manera respetuosa y sencilla, que habiendo tantos terrenos en la geografía provincial se reitere en desmembrar una superficie acondicionada para trabajos de ensayos agrícolas que requieren características específicas, de alta fertilidad, sanos por su riqueza microbiana, nivelados, cuyo costo es invalorable, que se sumarían a los desplazamientos de zonas rurales para dar paso a programas urbanísticos que concluyen con sellamiento productivo, hecho considerado enemigo número uno del abastecimiento de alimentos que la FAO cuestiona con dureza. De concretarse se desmontarían ensayos, viveros, banco de germoplasma, aulas de enseñanzas, en beneficio de planes que terminan siendo demagógicos, como antes resultaron intentonas parecidas causando frustración manabita.

Es necesario que los agricultores, sus gremios y universidades vinculadas con el campo constituyan un frente de defensa de los bienes patrimoniales de un instituto fundado para promover el avance de la ciencia y tecnología agropecuaria, que cesen los ataques a su funcionamiento, que se restituya su violada autonomía limpiando de su camino intereses protervos vinculados con la mala política que prima en el país.

Existen sospechas de que detrás de este despropósito estaría la voluntad de traficantes de tierras a la espera de la lotización para explotación privada industrial sin beneficio agrícola inmediato, mientras se frenaría la marcha de un núcleo de pruebas representativo de un sistema ecológico sinigual en el planeta. Creemos que la alta cúpula ministerial impedirá que este desaguisado se perfeccione previendo la reacción del pueblo agricultor manabita que se haría sentir con vehemencia. (O)