Los indios de América sumaban no menos de sesenta millones y quizá más cuando llegaron los conquistadores extranjeros. Un siglo y medio después se habían reducido a solo tres millones y medio. Es decir, este territorio les pertenecía, no había blancos. Hay quienes reniegan de compartir esta tierra con los pueblos ancestrales, que la producen para alimentarnos y eso es mucho trabajo, aunque diga que no el presidente. Lo que ocurre es que él y la gente para la que realmente gobierna son la minoría de la nación, a la que con sus asambleístas, menospreciando a los que sí cumplieron tales obligaciones, condonaron parte de las deudas tributarias y la Corte Constitucional, perseguida vilmente por el poder político y mediático, declaró inconstitucional la ley que lo establecía. La gran empresa de la familia del mandatario redujo su deuda con ello de $ 95 millones a $ 4,5 millones, según un diario que persigue ahora su Gobierno.
Algunos parece que no están enterados de que el papa Paulo III declaró en 1537 que los indios eran “verdaderos hombres”, siguieron sin considerarlo así. Bartolomé de las Casas, insigne sacerdote, denunció en España la crueldad de los conquistadores. Lograda la independencia, los indígenas continuaron siendo víctimas del racismo, del mismo despotismo colonial. Aun en 1956 apareció en El Comercio un aviso en el que se vendía en Machachi una hacienda con 9 caballerizas, potreros, sembríos… huasipungueros (primero los animales y las cosas).
Pero el Ñucanchic huasipungo de la novela de Jorge Icaza se hizo presente, creándose la Conaie. En 1990 hubo un levantamiento para la lucha indígena por la tierra, cuyo 50 % estaba en manos del 4 % de propietarios, y otras reivindicaciones. Una parte de la Iglesia católica los apoyó, entre ellos el obispo de Riobamba Víctor Corral y sacerdotes como José Gómez y Anastasio Gallego, quien todavía esparce su semilla de bien. Hubo conquistas, pero la explotación y el racismo se mantuvo. No los dejaban entrar a lugares públicos. En el paro indígena de 2019 el alcalde de Guayaquil los instó a que regresen al páramo. Paro en el cual, como ahora, se levantaron por la eliminación del precio de los combustibles. El precio del diésel subió por el actual régimen escandalosamente, sin ninguna consulta previa a los más afectados, como hace seis años recomendaron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Ambas organizaciones internacionales condenaron el uso desproporcionado de la fuerza por el Estado. Como ahora, entonces hubo muertes en manos de policías. Hoy uno por militares según reportó INREDH, por la espalda según la autopsia.
Y es que sin duda la medida tiene un alto efecto inflacionario, que los que más tienen sí pueden soportar. Se agrede y criminaliza la protesta de nuevo, se suspende a medios de comunicación comunitarios, congelan ilegalmente las cuentas bancarias de los dirigentes del movimiento. Y el presidente, rodeado de militares dice que prefiere morir que retroceder, que dialogar. ¡Más respeto a nuestras raíces! (O)