Una bomba oxidada que parecía reliquia de la I Guerra Mundial y la acusación de que 24 campesinos colombianos habían quedado calcinados en un ataque conjunto ecuatoriano-norteamericano a un campo guerrillero en la frontera encendió la amenaza de guerra entre vecinos. Al advertir que la historia era falsa, el presidente Petro rectificó activando los canales diplomáticos y militares a fin de desarmar el estado de tensión agravada. Menos mal que esta crisis no pasó a mayores, con un personaje famoso por sus extravíos al frente del “Gobierno del cambio”.

Petro es primer mandatario de izquierda de Colombia, proveniente del estrato medio-bajo de la población; oriundo de un pequeño pueblo al norte de Bogotá y, a más señas, indultado exguerrillero del M-19 que cambió las armas por el foro político. Fue diputado, senador, alcalde de Bogotá y dos veces candidato presidencial, llegando al Palacio de Nariño en su tercer intento. Se define ideológicamente como socialdemócrata, aunque su discurso ortodoxo sobre la lucha de clases lo encasilla como neocomunista.

De no haber gobernado con los contrapesos del Congreso, donde su partido Pacto Histórico siempre estuvo en minoría, de los organismos de control –Fiscalía, Procuradoría y Contraloría– a más de la opinión pública, seguramente hubiera conducido a su país a un régimen de sesgo castrochavista; y al descalabro de su economía tal como ha sucedido en Cuba y Venezuela.

Su principal promesa fue la “Paz total”, entendida según sus palabras como: “Un nuevo contrato social para garantizar los derechos fundamentales de la gente, en particular de las víctimas”. En el listado de contrapartes estaban poderosos grupos armados, destacando: 1) el ELN, la guerrilla principal luego de la desmovilización de las FARC en 2016; 2) las disidencias o remanentes de la FARC y algunas del EPL; 3) los exparamilitares, principalmente del denominado Clan del Golfo; 4) las pandillas urbanas; y 5) las bandas del crimen ordinario y gran tamaño como el Tren de Aragua.

Empero, el resultado fue nulo. Al decir de un exfuncionario del régimen: “no hubo hoja de ruta ni cronogramas ni compromiso efectivo de los grupos armados”. El problema pasa por lo ideológico y cierta indulgencia hacia el origen revolucionario de la lucha armada. “El conflicto no es entre la ley y el crimen, sino entre la exclusión y la dignidad”, es el concepto de Petro.

El ambiente de tregua de la “Paz total” terminó siendo aprovechado por estas organizaciones delictivas para afianzar su dominio territorial y ampliar sus actividades de cultivo de coca, laboratorios de refinación, rutas de narcotráfico, extorsiones, secuestros y minería ilegal. La magnitud del problema estructural de violencia en Colombia de seis décadas supera con creces al que despunta en Ecuador.

El incidente de la bomba herrumbrosa es señal de que se necesita una frontera común bajo control y más segura. El dejar hacer y pasar de Petro lo ha puesto como “objetivo prioritario” de la DEA, clasificación reservada para individuos de un impacto significativo en el narcotráfico. Un golpe reputacional que va a afectar al pacto histórico en la próxima elección presidencial. (O)