Se acaba de anunciar el cierre técnico de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés) entre Ecuador y los Emiratos Árabes Unidos. Este está llamado a aumentar los flujos de comercio con Emiratos Árabes Unidos (EAU) y su región de influencia, además de alentar inversiones de capitales emiratíes en nuestro país.
El acuerdo eliminaría aranceles para el 75 % de la oferta exportable, lo cual se estima que aumentaría nuestras exportaciones por alrededor de $ 275 millones anuales. Esta cifra representa algo menos del 1 % de la exportación no petrolera del Ecuador durante 2025, pero el atractivo del acuerdo no reside en el deseado aumento de las exportaciones ecuatorianas de banano o atún (por su condición de hub logístico para Medio Oriente y el Norte de África), sino, fundamentalmente, en la oportunidad de atraer capitales de sus inversionistas a sectores económicos ecuatorianos que lo necesitan con urgencia.
El creciente rezago de las inversiones que necesitan los sectores energético y petrolero ecuatorianos amenaza con frenar el desarrollo económico nacional. Según cifras del Plan de Inversiones del Sector de Hidrocarburos, publicado por el Ministerio de Energía y Minas hace poco más de un año, Ecuador proyecta una necesidad de $ 42.000 millones hasta 2029 para sostener su infraestructura hidrocarburífera, mientras la producción estatal en 2025 cayó a 438.500 barriles diarios, un 8 % menos que el año anterior. En electricidad, según el Plan Maestro de Electricidad (PME) y por las metas de expansión de la matriz energética presentadas en febrero de 2025, la brecha de 800 MW obliga a costosos alquileres de barcazas, requiriendo inversiones de $ 8.000 millones al 2030 para evitar el colapso. Ante un Estado fiscalmente insolvente, la inversión extranjera directa (IED) de fondos como el de Abu Dabi es una oportunidad que se debe aprovechar.
Dado que el artículo 422 de la Constitución ecuatoriana prohíbe ceder jurisdicción soberana a arbitrajes internacionales, como el Ciadi, bloqueando los tratados bilaterales de inversión tradicionales, para evitar colisionar con la Corte Constitucional, la estrategia debe ir hacia el diseño de “contratos de inversión” privados, bajo la Ley de Eficiencia Económica, emulando la estrategia jurídica seguida para el caso de DP World en Posorja.
Esta solución requiere tres pilares. Primero, la suscripción de contratos de inversión que, al no ser tratados internacionales, escapan al control del art. 422 de la Constitución. Segundo, pactar arbitraje internacional comercial bajo reglas Uncitral o CCI con sede en Santiago de Chile, una jurisdicción regional y neutral que ofrece seguridad jurídica sin vulnerar la norma vigente. Finalmente, incluir cláusulas de estabilidad tributaria y de la Junta de Resolución de Disputas (mecanismo de prevención y solución de controversias en tiempo real) en el contrato de ejecución. Aplicar este esquema acorde con la normativa transforma el acuerdo con EAU en un puente sólido para la puesta a punto del suministro energético requerido por nuestro país. (O)
