¿Qué pasó con la gran transformación constitucional de la que hablamos hasta hace poco? La idea de convocar a una Asamblea Constituyente para preparar una nueva Constitución fue desechada en su momento. Los motivos que se esgrimieron para hacerlo eran razonables. El país no podía ingresar a una etapa de incertidumbre por dos o más años, que implicaban, entre otras cosas, la convocatoria a tres comicios, tal como lo prevé la Constitución vigente para el caso de una constituyente. Pero también hubo un consenso en que sí se podían introducir importantes cambios en el texto constitucional a través de los mecanismos que mal o bien tenemos disponibles. La eliminación del Consejo de Participación; la reestructuración del poder Legislativo; un nuevo sistema para la designación de las autoridades de control; la reforma del poder judicial para evitar que sea simple bisagra del poder de turno; un cambio sustancial en las llamadas áreas estrategias de la economía para dejar en claro que precisamente por ser estratégicas para el desarrollo ellas requieren de inversión privada, especialmente extranjera, tal como sucede en los países vecinos; entre otros. Todos estos cambios y otros de similar importancia (doble vuelta en las elecciones seccionales, el cierre de los resquicios que debilitarían a la dolarización, el reconocimiento del trabajo por horas, etc.) son cambios necesarios.

El tiempo en la vida de las naciones es vital. No podemos darnos el lujo de continuar con una arquitectura constitucional mal diseñada, copiada –según sus autores– de Venezuela. El modelo creado en Montecristi, lo he dicho antes, fue un modelo antidemocrático, pues, plasmó en la Constitución el plan de gobierno de un movimiento político que buscaba perennizarse en el poder. Sus autores no pensaron en que algún día por la vía democrática se elegirían gobiernos de tendencias diferentes. Los sucesivos gobiernos elegidos popularmente y con visiones distintas a las del correísmo se han visto limitados en llevar a cabo sus agendas por motivos constitucionales. Buena parte de ese plan de gobierno de Montecristi ha sido rechazado en las urnas reiteradamente, es hora de dar un paso más.

En las últimas dos décadas muchos países han tenido procesos de cambios constitucionales. La mayoría lo ha hecho introduciendo reformas o enmiendas al texto vigente. Tal es el caso de Hungría (2025), Estonia (2025), Francia (2024), España (2011), Lituania (2019) Pakistán (2024). En algunos casos, como en Lituania se intentaron reformas muy específicas, mientras en otros se buscó cambios estructurales, como en Perú (regreso de la bicameralidad), Turquía y Rusia. En otras naciones se han intentado procesos constituyentes para aprobar nuevas constituciones. Los resultados han sido variados. En Chile hubo dos intentos (2020 y 2023) que fueron rechazados por el pueblo; la mal llamada constitución de Pinochet seguirá vigente. Similares intentos se han hecho en Nepal (2015), Túnez (2022 y 2024) e Islandia (2010 y 2013) con resultados negativos. En nuestra región los casos de Venezuela, Ecuador y Bolivia son casos en los que se lograron producir nuevos textos constitucionales que aún están vigentes. Sin embargo, en los tres casos las consecuencias no han sido muy alentadoras para la democracia. (O)