Después de acumular déficits fiscales durante más de una década ya no hay cómo seguir pateando la pelota. Prácticamente está agotada la posibilidad de créditos de los organismos multilaterales, la emisión de nuevos bonos con 2.000 puntos de riesgo país o el financiamiento a través de la Reserva Monetaria Internacional que está prohibido por ley.
Para el cierre de noviembre, en coincidencia con la transición política, tuvo que rasparse la olla con una transferencia de liquidez de 139 millones de dólares de la CFN. En la cuenta del tesoro nacional hay un saldo que cubre apenas tres días de remuneraciones. Todavía nadie sabe cómo se llenará el agujero negro del pago a la burocracia este mes que, al incluir el décimo tercer sueldo, asciende a 1.400 millones de dólares.
Entretanto, recurrir a la colocación de bonos del Estado al IESS/Biess es una fuente de financiamiento que se agota debido a los constantes atrasos en el pago del 40 % de las pensiones jubilares que en el último quinquenio acumula 3.374 millones de dólares. Esto a más del pasivo por las prestaciones de salud de otros 4.717 millones de dólares.
Cuando el presidente Daniel Noboa advirtió al FMI que necesitaba de nuevos préstamos para ejecutar su plan de Gobierno, lo que hizo fue reconocer lo que resulta obvio. Ecuador prevé problemas para cumplir sus compromisos de deuda, en particular con los bonos “basura” por 17.375 millones de dólares que se colocaron en los mercados internacionales en las postrimerías del correísmo y el régimen subsiguiente. Sus condiciones de plazo y tasas de interés fueron reestructuradas durante la pandemia, pero tocaría hacerlo eventualmente otra vez.
El problema económico financiero del país es estructural, no coyuntural. Los ingresos no alcanzan a cubrir los gastos. Y la situación sigue en franco deterioro. No hay modo de sostener el modelo heredado de un Estado sobredimensionado que en 2022 significó 38,6 % del PIB y este año será otro tanto.
De acuerdo con el Observatorio de la Política Fiscal, hay un total de 491.638 servidores públicos, que cuestan anualmente en promedio 21.357 dólares cada uno, esto es, tres veces más del ingreso per cápita de los ecuatorianos que es de 6.395 dólares. ¿Hay por dónde recortar la “grasa”? Puede ser, tomando en cuenta que hay 97.265 burócratas con contratos temporales, aproximadamente el 20 %.
Con semejante desarreglo de cuentas, pesa mucho el subsidio a los combustibles que representará 2.667 millones de dólares en 2023 y que necesita imperiosamente un ajuste que permita una mayor racionalidad del gasto público.
La ley tributaria enviada con carácter de urgente a la Asamblea Nacional es apenas un parche. Generará ingresos extraordinarios por 832 millones de dólares, que significan poco más de un mes de nómina que se gastará en un parpadeo.
El sinsentido es que con semejantes apremios económicos se siga considerando el cierre del campo petrolero ITT que produjo ingresos por tanto o más que la propia reforma tributaria, con la diferencia que, este sí, es un flujo duradero. Un grave perjuicio producto de una consulta popular moralmente viciada.
No hay plata, pero desaprovechamos con infantilismo e inmadurez la que hay. (O)
