El narcotráfico se acerca a su propósito de dominar todas las instancias de la vida nacional. Tal como suena, así de grave. Negocios privados e instituciones públicas han sido permeados por su dinero maldito. No pasa semana sin que se capturen toneladas de droga. ¿Será que antes no se enviaban cargamentos de ese volumen y que ahora los carteles decidieron jugarle una mala pasada a este presidente? ¿O es que se hacían de la vista gorda, permitían que la narcoguerrilla construya bases de hormigón en territorio ecuatoriano, instalaban radares que nunca funcionaron y desmantelaban la base de Manta? Un aparato delincuencial, que comprende desde las bandas juveniles de microtráfico hasta grandes carteles internacionales, se desliza con tranquilidad en un marco jurisdiccional y legal diseñado para favorecer sus actividades por políticos y funcionarios corruptos. Este conglomerado está dispuesto a tomarse el Estado o, por lo menos, a dejarlo tullido. A eso vienen las demostraciones de fuerza asesina en las cárceles y las providencias de jueces que facilitaron a casi dos mil delincuentes de todo nivel recuperar la libertad, con todos los subterfugios que proporciona una legislación adrede laxa.

El tema amenaza con írsenos de las manos. ¿Qué se va a hacer al respecto? Todos los intentos, en todo el mundo, por frenar al narcotráfico han demostrado muy limitada eficacia. Ahí está el caso de varios países latinoamericanos, o el caso de Afganistán, cuyo desastre se potencia con opio. La política de represión salvaje desarrollada en Filipinas por el presidente Duterte fue un remedio peor que la enfermedad. La solución ultrarrepresiva funciona temporalmente y al menor descuido resurge el monstruo, pues no extermina el mal de raíz. ¿Y si se prueba la opción precisamente contraria? O sea, la impensable legalización. En el esquema teórico parece funcionar bien, al ser legal, el riesgo disminuye, aumenta la oferta y bajan los precios. Deja de ser buen negocio y se reducen a la mínima expresión sus secuelas de crimen y muerte.

La hipótesis se enuncia fácil, pero no es cuestión de borrar la prohibición de un plumazo. Un país que por sí solo se atreva a hacerlo, corre el riesgo de convertirse en una plataforma de operación segura para los carteles, y en un paraíso para consumidores. El sistema no ha sido probado nunca, sin embargo, la apertura parcial de los Países Bajos y Portugal, que toleran el consumo y la tenencia, pero reprimen el tráfico de ‘drogas duras’, muestra hasta el momento resultados aceptables. En cambio, en nuestro país, un ensayo en ese sentido ha hecho al microtráfico dueño de las calles. La diferencia está en que en los mencionados Estados europeos acompañaron su tolerancia con amplios programas de atención al adicto, es decir, enfocaron el problema como un tema de salubridad y no de criminalidad. De todas maneras, se ve que la senda de la libertad puede llevar a soluciones. ¿Por qué no hacer un intento a nivel andino? La amenaza es internacional, estas naciones comparten problemas y frustraciones similares, se puede encarar de manera conjunta y soberana, con esta nueva óptica, la lucha contra este azote. (O)