El Gobierno nacional viene adoptando medidas coyunturales clave para evitar nuevos apagones. La crisis del suministro eléctrico del año pasado pasó una factura importante a la economía y a la credibilidad del propio presidente de la República. Volver a ese escenario sería muy grave para todos. Las nuevas contrataciones de suministro eléctrico desde naves apuntan en esa dirección. La reciente contratación de una empresa china para “reacondicionar” el campo Amistad en el golfo de Guayaquil con miras a que se incremente su producción y, por ende, la generación eléctrica de la planta ubicada en Machala es otro paso en esa misma dirección. Probablemente en los próximos días habrá otras medidas similares. Todo en espera de que el estiaje que se viene no provoque racionamientos. En el mejor de los casos pasaríamos rozando, por así decirlo, y podríamos capear el temporal. Sin embargo, si bien estos pasos son correctos, no dejan de ser soluciones circunstanciales. El Gobierno, o mejor dicho el país en general, debe adoptar una solución de largo plazo.
Esa solución pasa únicamente por la creación de un auténtico mercado eléctrico, que hoy prácticamente no existe. A diferencia de vecinos como Colombia, Perú y Chile, en Ecuador el sistema eléctrico sigue cerrado a la inversión privada, continúa monopolizado por el Estado y no ha dejado de ser tremendamente ineficiente. Cada día que nos demoramos en abandonar el actual sistema e implantar uno nuevo, seguimos condenando al país.
Los sistemas eléctricos se caracterizan por tener tres segmentos: la producción de energía, su transmisión hacia el resto del país, y la distribución a las empresas y domicilios. Hoy en día en el Ecuador los tres segmentos están monopolizados por el Estado. Cierto es que existen ciertos generadores privados, pero su producción es marginal. El grueso de la producción sigue en manos del Estado. En ese contexto es prácticamente imposible que haya un mercado eléctrico, mercado que, a su vez, es esencial para expandir la producción y mejorar tanto la transmisión como la distribución eléctrica. No hay incentivos allí donde hay monopolios. El Estado es a la vez productor, transmisor y distribuidor de electricidad. Monopolio total. Pero, más grave, el Estado es paralelamente el ente regulador de este monopolio.
Deberá implementarse una progresiva liberalización de los tres segmentos. Y el Estado mantener su papel regulador. Tal como sucede en la mayoría de los países de la región. Y todo ello con miras a incentivar la producción de energía que logre asegurarle al país una oferta eléctrica acorde con su demanda. Adicionalmente, deberíamos homologar nuestra legislación eléctrica a la de Colombia y Perú, de tal manera que los inversores en generación –que es enorme, especialmente, en materia hidroeléctrica– tengan un horizonte mucho más amplio. Sabrán que los excedentes de su producción podrían ir a esos mercados sin incertidumbres regulatorias. La actual mayoría parlamentaria que tiene el Gobierno debe liderar un cambio estructural en esta área de la economía. Otras áreas “estratégicas” (telecomunicaciones, minería, etc.) están prácticamente en manos de inversores privados, sin que nuestra seguridad, Constitución y soberanía hayan sido afectadas. No hay tiempo que perder. (O)
