Los videos, nada agradables, que circulan por las redes sociales y muestran la operación de ingreso a la cancha en la cual se cometieron los asesinatos en Mocolí, y luego el proceso de comprobación de las víctimas buscadas y la ejecución de estas, son realmente aterradores.
Muestran, más allá del horror de los crímenes, varios aspectos que merecen ser analizados.
En primer lugar, los GDO (grupos de delincuencia organizada) cuentan con un efectivo sistema de inteligencia. Sabían quiénes eran, dónde estaban y qué hacían las víctimas, las cuales eran también de interés para la fuerza pública.
En segundo lugar, el tiempo que tomaron y la eficacia de su operación, que no dio espacio a que llegara la Policía, demuestran un grado de entrenamiento de cualquier fuerza especial de los grupos del orden.
En tercer lugar, muestra la realidad de que no existe ya zona segura en Guayaquil, y por lo tanto, el estado de ánimo de las personas no va a ser el mejor.
Finalmente, nos demuestra una vez más que el crimen organizado no se soluciona solo con la fuerza y con “dar bala” como mucha gente cree. Ni Medellín, en Colombia, ni Monterrey, en México, ciudades que fueron desbordadas en su momento y se han recuperado hoy, lo hicieron a base solamente del uso de la fuerza, sino del accionar conjunto de todos los sectores sociales, incluyendo gobiernos centrales, gobiernos locales, empresarios, líderes comunitarios, oenegés y líderes religiosos. No es un trabajo solo de fuerza. Esa es la gran lección que quedó de esas ciudades, a las cuales Guayaquil tiene que mirar.
Pero más allá de estos razonamientos debemos volver al tema medular: la economía del Ecuador no crece, no puede crecer, por la acumulación de décadas de políticas absolutamente equivocadas. Esas políticas han generado problemas estructurales que no se tocan, y que tienen como los elementos más determinantes el déficit fiscal y la situación gravísima de la seguridad social. La deuda total del Gobierno a la Seguridad social supera los 40.000 millones de dólares, de los cuales 14.000 aproximadamente están en bonos y el resto en “cuentas por pagar” que son claramente impagables. De hecho, hace poco se dio la noticia de que el IESS tendrá que desinvertir más de 1.400 millones este año para poder atender las pensiones.
Si la economía no crece, no hay generación de empleo, y si eso sucede, los sectores empobrecidos toman la opción más fácil para subsistir y el problema se vuelve más grave.
El Ecuador del 2026 debe ser de diálogo y acuerdos. Nadie gana con lo que está pasando. Si la oposición cree que el deterioro del país les dará mejores oportunidades, se equivoca. Una confluencia de un Estado que no paga sus deudas y una seguridad social que no atiende a sus afiliados no le conviene a nadie.
La clase política en general, y toda la sociedad, no pueden ya postergar grandes decisiones, que por años no se han tocado y no se quieren tocar, y que no permitirá ver un horizonte de largo plazo que nos haga sostenibles.
Este año 2026 el servicio de la deuda será gigante, y no podemos seguir viviendo de más deuda. (O)
