Sobre el texto del informe de “mayoría” de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, sobre Pandora Papers, direccionado contra el presidente Guillermo Lasso, dos integrantes de esa mayoría, los asambleístas de Pachakutik Edgar Quezada y Sofía Sánchez, han señalado que en las versiones que conocieron y votaron no estaban párrafos que se habrían incluido en la versión final, para conocimiento del pleno de la Asamblea.

Con base en esas declaraciones, Andrés Páez ha solicitado a la Fiscalía General una acción urgente que consista en la designación de un perito de Criminalística de la Policía Judicial, para que este verifique si en las computadoras de la citada comisión legislativa existió esa versión final, antes de que se vote la resolución, o si estuvo en la computadora del presidente de la Comisión, asambleísta José Cabascango, o en la de la secretaria de la mesa o en la de un asesor, todo destinado a identificar el origen de los párrafos que se acusan se han incluido sin conocimiento previo de la Comisión, lo cual también pudo haber provenido desde fuera de la Comisión.

En el caso específico, la versión final —en el interior de la Comisión— no fue debatida, sino que se habría presentado y votado la versión, entiendo que también firmada, como “paquete”.

Esa conducta ilícita ya se siguió en la Asamblea Constituyente de Montecristi, 2007-2008. En las mesas de las comisiones en que se habían desagregado los temas, se daban extensos debates, igual en las sesiones plenarias de la Asamblea. A los cierres de los debates se ofrecía para el día siguiente —o para uno próximo— las actas y las conclusiones. En un alto porcentaje, en el momento de conocer sus textos, se habían introducido textos no considerados y, también, conclusiones contrarias a las que se habían tomado en su momento. Algunos reclamábamos, otros se allanaban. Se hablaba de equipos que trabajaban fuera con asesoría del grupo español identificado con Podemos, que también había estado asesorando en la Constituyente de Venezuela.

Y así se llegó al cierre de la Asamblea Constituyente. La versión final, con inclusiones que no se habían redactado ni debatido antes, se sometió a votación. Aun asambleístas identificados con el correato estaban molestos con lo sucedido, pero su apego a la verdad chocaría con el compromiso de votar afirmativo por la Constitución.

Asambleístas de la oposición votaron en contra y nada más. Con Martha Roldós Bucaram y con el entonces coronel Luis Hernández Peñaherrera —ahora general y ministro de Defensa Nacional—, los tres nos abstuvimos de votar denunciando la alteración del texto votado. La denuncia fue presentada a la Fiscalía General del Estado, desagregándose los segmentos modificados, pero con el control de todos los espacios que tenía el correato, no tuvo el trámite que debió dársele.

El delito por investigarse es el de falsedad ideológica, por incluirse párrafos no preexistentes en el texto del informe de mayoría de la Comisión sobre supuesta responsabilidad del presidente Lasso, informe que es instrumento público.

Todo vale en política se dice, pero no debe ser así. (O)