En Ecuador, la corrupción nos afecta desde los actos más inocuos (el cliente que se roba un cubierto de un restaurante), pasando por los que vemos como poco importantes, pero son la punta del ovillo de la putrefacción de la cosa pública (la compra del turno de la revisión vehicular), hasta los más graves (el robo descarado e impune a los hospitales mediante contratos amañados). A través del Servicio de Contratación Pública deberíamos poder constatar en tiempo real cómo se adjudican contratos en el sector de la salud, pero su sitio web y base de datos son infranqueables. Creo que ni los mismos funcionarios saben cómo se puede encontrar información útil.
Detrás de cada acto de corrupción hay criminales que conocen todas las falencias del sistema, así como factores culturales y morales que les impulsan y dan licencia a actuar de manera miserable. Los socios, intencionales o no, de la corrupción en el sector público son las mismas autoridades altas y medias del Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que se rehúsan a publicar información de manera oportuna y verdaderamente transparente sobre el gasto público en salud. El país necesita datos claros sobre la eficiencia en el gasto en recursos, como personal de atención, diagnóstico, uso de equipos, cuidado hospitalario y distribución de medicamentos.
Alrededor del mundo, se estima que las pérdidas en el gasto en salud debido a la corrupción exceden los 500.000 millones de dólares, un monto con el que se podría lograr la cobertura universal de salud. Es decir, los políticos y funcionarios nos roban la plata que necesitamos para acceder a servicios de salud de calidad sin enfrentar dificultades económicas. A veces lo hacen literalmente a mano armada, asesinando a personas como Nathaly López, cuando era directora administrativo-financiera del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil. El resto del tiempo se dedican a hacer y deshacer a plena luz del día como Daniel Salcedo, a quien el asambleísta Ferdinan Álvarez hasta le proporcionó un espacio privilegiado de visibilización pública en días pasados.
La falta de pruebas diagnósticas de dengue (para que los pacientes tengan que adquirirlas en los negocios del mismo personal del MSP o IESS), los contratos con laboratorios privados que producen resultados de calidad muy dudosa, las citas e ingresos hospitalarios para amigos y parientes. Las cosas pequeñas y las cosas grandes de las que muchos se aprovechan momentáneamente nos perjudican a todos a la larga.
La revista Lancet Global Health acaba de inaugurar una comisión anticorrupción en el sector de la salud. Aunque esas comisiones son comúnmente simbólicas y un espacio de autopromoción personal de sus miembros, la destaco porque propone un método interesante (aunque escasamente novedoso) para combatir la corrupción: identificar su impacto en los resultados en salud de la población. El Sercop, el MSP y el IESS deben cambiar su manera de publicar datos y el Gobierno central y el poder Legislativo tienen la responsabilidad de lograr que esto suceda. Si no lo hacen es porque no les conviene. (O)
