A raíz de que se hizo pública la noticia de que el expresidente estadounidense Joe Biden sufría un avanzado y agresivo cáncer de próstata, y entre los mensajes de solidaridad y respeto se dio de forma inmediata una controversia entre quienes aseguraban que por más continua revisión clínica a la que una persona de la edad de Biden se pudiese someter hay formas de esa enfermedad cuya repentino avance resulta imposible de pronosticar, mientras que otros aseveraban que no es así, toda vez que el estado del cáncer que padece Biden definitivamente era verificable y que, o por una parte se dado una grave negligencia médica, o que por otra simplemente se dio un ocultamiento de su enfermedad con fines naturalmente políticos.
Joe Biden fue diagnosticado con cáncer de próstata
La principal idea que se renueva cada vez que se conoce públicamente el quebranto de salud de un presidente es el nivel de reserva e intimidad que un ser humano, más allá de su investidura, tiene derecho a guardar; en otras palabras, se puede sostener que, si un gobernante se ve afectado seriamente en su salud, solo le corresponde a él la decisión de divulgar el tipo de deterioro que sufre. Este criterio que se enlaza de forma directa con los derechos del paciente va por la línea de que éticamente cualquier ser humano, por alto que sea su cargo, tiene la prerrogativa de guardar reserva sobre su salud y que, como tal, no tiene la exigencia legal de compartir sus registros y expedientes médicos. Naturalmente, la idea de que un mandatario tiene derecho a no revelar la aparición de una agresiva enfermedad contrasta abiertamente con la tesis de que, dada precisamente su investidura, el estado de salud de un presidente debería ser de conocimiento público, pues podría verse afectada su capacidad de gobernar.
Donald Trump sugiere que el cáncer de Joe Biden fue encubierto
Se menciona la necesidad de la transparencia para darle un sentido más categórico a la necesidad, no obligación, de que un gobernante revele su estado de salud, pero la historia señala que usualmente la reserva o la negación son las respuestas más comunes. En tiempos recientes, en los Estados Unidos se ha insistido con la sugerencia de que ningún presidente debería asumir el cargo sin un examen riguroso de que está apto y sano para ejercer el poder, pero en la práctica no ha pasado de ser una más de tantas propuestas. Y ni mencionar el alboroto que se configura cuando el quebranto de salud tiene que ver con enfermedades de la mente, en ocasiones de complicado diagnóstico. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un presidente es detectado con un alto grado de paranoia o psicosis? ¿Debería bastar su tratamiento sin que la ciudadanía se entere o, más bien, debería tener carácter obligatorio que se difunda públicamente el delicado problema mental por el cual está atravesando y que, obviamente, podría incidir en su gestión al punto de hacerla intolerable?
Volviendo a la noticia del cáncer de Biden, y si supusiéramos que efectivamente él, su familia y su entorno sabían del avance de la enfermedad desde hace algunos meses, es decir, cuando todavía aspiraba a ser reelecto presidente, ¿debería ser denigrado por el ocultamiento con fines políticos o, en su lugar, el peso del drama humano invita a ser comprensivos y tolerantes? (O)
