Los periodistas en la mira

Según el informe anual de Reporteros sin Fronteras (RSF), al menos cincuenta periodistas y trabajadores de medios fueron asesinados en el 2020, en respuesta directa a su trabajo. A diez los asesinaron tras publicar investigaciones sobre casos de corrupción; a cuatro, por sus historias sobre el crimen organizado y, en una nueva tendencia en el 2020, siete periodistas fueron asesinados mientras cubrían protestas. Las estadísticas demuestran que los periodistas son cada vez más atacados cuando investigan o cubren temas delicados, lo que evidencia que lo que se está atacando es el derecho a estar informado, que es un derecho de todos, por eso la agresión es contra todos. El ataque busca el silencio y la impunidad.

Ha crecido, entonces, la necesidad de que los Estados garanticen la seguridad de los periodistas en el entorno de sus actividades que se han visto grave y seriamente afectadas por amenazas, intimidaciones, actos de hostigamiento, detenciones arbitrarias, interposición de acciones legales infundadas, asesinatos y otras formas de agresión.

Los periodistas –en su apego a la verdad y la búsqueda de exactitud, imparcialidad y objetividad– son actores claves para la existencia misma de toda sociedad democrática, la oxigenación de la vida pública, la construcción de un Estado de derecho, guardianes de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los asuntos públicos. Por ello, en el contexto actual, se han configurado como uno de los sectores de la sociedad más vulnerables a la aceleración de la violencia e inseguridad, lo cual ha tenido un impacto negativo en las condiciones en que ejercen sus actividades.

Las normas internacionales, en especial la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, protegen la labor del periodista, entendiéndose hoy en día como aquella persona que se dedica a investigar, analizar y difundir información, de forma sistemática y especializada, por cualquier medio de difusión escrito, radial, televisivo, electrónico o digital. Incluso, las Naciones Unidas a través de sus altos comisionados amplían la protección abarcando nuevos ámbitos, como el del periodismo ciudadano, es decir, personas individuales que generan información contrastada sin formar parte de ningún medio.

Las formas identificadas que están usando los gobiernos autoritarios para bloquear la labor de los periodistas están dadas por penalización del ejercicio de la profesión o leyes de comunicación; limitaciones de información en estados de emergencia o por razones de seguridad nacional; leyes que regulan los medios digitales y redes sociales; eliminación de frecuencias; hostigamiento a los medios para despedir a los periodistas; violencia contra la familia del periodista, amenazas y agresiones directas, incluso el mayor grado de censura: el asesinato.

Se impone una Ley de protección al periodista, lo propongo como meta para los nuevos asambleístas. Dedico este artículo a todo ese valiente periodismo que se la juega todos los días por mantenernos informados, por descubrir la verdad, que requieren nuestro apoyo y protección. Estamos en deuda con ustedes. (O)

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