Ha pasado un año desde que fueron asesinados esos chicos y aunque ese crimen está, por fin, para resolución de las autoridades judiciales, se diría que la sociedad, en general, no está suficientemente conmovida por tan brutal crimen, menos todavía los representantes del Estado, de las instituciones que tienen a su cargo la seguridad nacional, y bajo cuya responsabilidad estuvieron esos niños y adolescentes cuando perdieron su libertad, primero, y, luego, sus vidas.
Hay hechos gloriosos, resplandecientes, de nuestra historia, que los recordamos con unción, como los de la independencia, pero, parece, preferimos olvidar los hechos oscuros que manchan esa misma historia.
Hay, eso sí, personas que se han lanzado ya a la lucha para que impere la justicia.
Según la información pública de estos días, la Fiscalía habría demandado sanciones severas para los responsables de este crimen nefando: para los principales, de los 17 acusados ante el Tribunal Penal, más de 34 años de privación de la libertad.
La ciudadanía tiene que estar atenta para vigilar a que los jueces se mantengan imparciales, fríos, inamovibles, y resistan las presiones que puedan recibir, que creo serán muchas y poderosas.
Hay que esperar que se supere un mal entendido espíritu de cuerpo y que prevalezca el sentido de justicia.
Todavía recuerdo las enseñanzas que recibimos al ingresar como cadetes al Colegio Militar Eloy Alfaro: que no se deben cumplir órdenes que contraríen a la ley. Ese espíritu de respeto al derecho, enaltece, fortifica, a las Fuerzas Armadas y a la Policía.
No conocemos todavía, por supuesto, las reparaciones que los jueces dispongan en favor de las familias de las víctimas, pero el Estado debería considerar a este como un crimen de Estado.
Sería de justicia que se erigiera en el barrio de Las Malvinas una escuela con los nombres de los chicos, víctimas de este bárbaro delito de desaparición forzada, en que estarían envueltos malos elementos de la FAE, es decir, de las Fuerzas Armadas.
Que esto sea una lección para no incurrir en el gravísimo error de querer que los servicios de inteligencia castrense puedan disponer la privación de la libertad de los que ellos consideren sospechosos. Esa es función que corresponde a los jueces exclusivamente.
El confiar funciones de justicia a los que no han recibido educación para ello, conduce a los abusos bárbaros que estamos apreciando, consternados e indignados.
Tal vez el mundo se está endureciendo a la vista de tanto espectáculo macabro, que lo vemos como cosa corriente en los noticiarios, en las redes sociales. Los Estados poderosos, no se molestan en consultar a los organismos de derecho, como las Naciones Unidas, desconocen a la Corte Penal Internacional. Contemplamos cómo se bombardea a diminutas embarcaciones con los más avanzados misiles y se dispone: “mátenlos a todos”, para que no queden sobrevivientes. En Estados Unidos, en el Senado, hay voces de prevención para que el Gobierno no realice actos de guerra sin su previa autorización. Demandarían la suspensión de la medida. (O)
