Según datos del INEC (el Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador), en nuestro país, el 8,96 % de la población, corresponde a personas que tienen 65 años o más, es decir, a adultos mayores. El 47,78 % son hombres y el 52,22 %, mujeres. En total 1’212.461.
El proceso de envejecimiento no ha sido igual para todos los que están en esa cifra. Han influido las condiciones económicas, sociales y culturales. Algunos reciben pensión de jubilación, otros tienen negocios propios o aún ejercen sus profesiones, no faltan los que deciden terminar los estudios que interrumpieron para poder trabajar y mantener una familia o, simplemente, para actualizarse y participar en la vida social, cultural, deportiva o realizan trabajo social voluntario.
Lamentablemente, esta no es la realidad de todos los adultos mayores, algunos son analfabetos, lo que les impide conseguir un trabajo digno y una remuneración decente y entonces sus opciones son la mendicidad, la violencia, la malnutrición, resignarse al abandono, aceptar la calle como vivienda y la acera como cama. Esa realidad los lleva a tocar puertas y timbres de las casas para pedir ayuda, que no siempre obtienen.
Sin embargo, el artículo 36 de la Constitución del Ecuador dice: “Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y protección contra la violencia”.
Y el artículo 37, garantiza a las personas adultas mayores: la atención gratuita y especializada de salud y el acceso gratuito a las medicinas, el trabajo remunerado, en función de sus capacidades y limitaciones, la jubilación, rebajas en los servicios públicos y privados de transporte y espectáculos, y excepciones en el régimen tributario, exoneración del pago de costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley y el acceso a una vivienda que “asegure una vida digna”.
Pero la realidad es otra, y todos la conocemos, muchas veces hemos visto y oído llamar a nuestra puerta a personas adultas mayores, con notorio aspecto de mala nutrición y no es extraño conocer casos en que han sido abandonadas y rechazadas por sus familiares y solo les queda la calle como su habitación.
En la ciudad de Guayaquil hay una clara preocupación por este tipo de problemas sociales, lo que ha llevado a la creación de algunas instituciones que cumplen con un deber de solidaridad y fraternidad y que son posibles por la iniciativa privada y el trabajo voluntario de grupos de ciudadanos, pero no es suficiente.
El Estado tiene la obligación de cumplir los artículos 36 y 37 de la Constitución (la actual en uso desde el 2008), antes citados.
Es cierto que hay limitaciones económicas, pero también es verdad que porque hay limitaciones hay que atender lo prioritario, como lo señala el artículo constitucional mencionado y lo prioritario son los seres humanos. (O)
