Más allá de los primeros comentarios hechos en entrevistas e informaciones periodísticas al proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Comunicación, remitido por el presidente Guillermo Lasso a la Asamblea Nacional, hay tres temas que resultan inquietantes.

El primero es que parecería que esta propuesta nuevamente será vista como un tema que concierne exclusivamente a la prensa. Esto ya ocurrió en 2009, cuando se comenzó a discutir la Ley Orgánica de Comunicación, aprobada en 2013. En ese momento había una razón política para ello: el Gobierno de ese entonces marcó una relación de oposición política con la prensa y en el cuerpo legal se establecieron sanciones por doquier. La ciudadanía sintió que no le concernía y miró para otro lado. El Gobierno y la prensa quedaron frente a frente.

Luego, durante el gobierno de Lenín Moreno, ocurrió lo mismo con las reformas. Los cambios introducidos a ese cuerpo legal fueron impulsados por las agrupaciones de prensa, organizaciones no gubernamentales vinculadas con el periodismo y algunos políticos. La ciudadanía siguió sin preocuparle el asunto.

Hace una semana se derogó el reglamente original de la Ley Orgánica de Comunicación (ese documento nunca se cambió pese a las reformas legales que se hicieron) y se mandó la nueva propuesta legal, que se enmarca en un escenario político distinto, en donde se ha dicho que se garantizará y se trabajará en democracia. Y esa es una de las razones por las cuales la ciudadanía no debería dejar de prestarle atención, porque en el camino habrá que dialogar y buscar rutas para afrontar la desinformación, que es la segunda inquietud.

La desinformación –que como país la saboreamos en elecciones y en la pandemia, por mencionar dos casos recientes– no es solo una estrategia comunicativa que busca la desestabilización, a través de la difusión táctica de mensajes que generan miedo, duda, zozobra sobre temas vinculados a la seguridad, la salud, el bienestar, la economía…, requiere de usuarios que enarbolen su libertad de expresión para postear los contenidos de las campañas desinformadoras.

El tercer tema inquietante es el debate sobre el alcance de la libertad de expresión y su impacto en otros derechos reconocidos a los seres humanos. La pregunta que gira alrededor de este punto es ¿cómo mantener la libertad de expresión sin que esto lleve no solo a campañas de desinformación, sino a impulsar el odio, el extremismo y que continúe la polarización?

La complejidad de esto se entiende si, en el debate, asumimos de una vez por todas la realidad: el flujo de la información y parte del debate público se da ampliamente en las redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, etc.) y en los servicios de mensajería instantánea (WhatsApp, Messenger, etc.), que los gigantes informáticos están siendo cuestionados por ser los curadores de información, y que las alternativas dadas por los Estados han sido insuficientes.

Si el país al menos comienza a hablar de estos puntos, se habrán dado los primeros pasos para atender aspectos prioritarios en comunicación, que están vinculados con la democracia del siglo XXI. (O)