Se dice que Calígula, el emperador romano demente y tirano, ordenó que las leyes se inscribieran en pilares extremadamente altos para que los ciudadanos no pudiera leerlas. Se trataba de un gesto especialmente decidor de su crueldad y de su desprecio por cualquier noción de legalidad. Los romanos no sabían a lo que estaban obligados ni podían determinar qué conducta los podía librar de una acusación o de un juicio. Dos mil años después, nadie discute que un sistema jurídico incomprensible no es una casualidad, sino que se trata de una forma de abuso del poder.
Parece increíble pero el espíritu de Calígula sobrevive en la regulación de los sectores estratégicos en el Ecuador. Minería, electricidad y petróleo están rodeados por una maraña de interpretaciones constitucionales, leyes, reglamentos, acuerdos ministeriales, resoluciones administrativas y circulares interpretativas que parecen escritas, deliberadamente, para que nadie las entienda. No están grabadas en pilares de mármol inaccesibles, pero el efecto es el mismo.
Podemos convenir en la necesidad de atraer inversión extranjera para desarrollar los sectores estratégicos en el Ecuador. Las empresas públicas que administran los sectores estratégicos sólo han conseguido que cada vez exportemos menos petróleo, que el sector minero no despunte y que cuando llega el invierno los ciudadanos tengamos que hacer la danza de la lluvia para evitar quedarnos sin luz eléctrica.
Es cierto que se dictan nuevas leyes, se anuncian reformas y se organizan roadshows internacionales para atraer a la inversión extranjera al Ecuador. Sin embargo, el problema central no se aborda. La inversión extranjera no huye de los países pobres ni de los países pequeños, sino de los lugares que, como el Ecuador, tienen sistemas legales impredecibles. Un inversionista puede convivir con impuestos altos, con regulaciones exigentes e incluso con una fuerte presencia estatal. Lo que no puede tolerar es no saber a qué atenerse. Cuando el contenido de la ley es difuso, contradictorio o depende de la interpretación discrecional del burócrata de turno o de la Corte Constitucional, el riesgo deja de ser económico y pasa a ser existencial. Nadie invierte millones de dólares si existe el peligro de que, años después, el funcionario público o el juez constitucional -esos seres iluminados y agentes de sabiduría- decidan que la inversión estuvo mal hecha porque contradecía un reglamento o el sentido de la constitución.
Los proyectos de largo aliento son los que realmente transforman economías. En Ecuador tenemos ejemplos de eso: el puente de la unidad nacional, el oleoducto de crudos pesados, los aeropuertos de Guayaquil y Quito, la concesión de agua potable en ciertos municipios. De un tiempo acá, sin embargo, ya no vemos este tipo de proyectos.
El gran culpable de la falta de inversión en el Ecuador es un sistema jurídico que no garantiza seguridad a las inversiones. Por eso, si el Ecuador quiere competir por inversión en los sectores estratégicos de minería, energía y petróleo, y atraer capitales para obras de infraestructura, debe bajar las leyes del pedestal. Simplificarlas, hacerlas coherentes, previsibles y estables. Menos genios administrativos, menos filósofos constitucionales y más Estado de Derecho. (O)