La reciente discusión sobre la reforma fiscal, que es parte de una ley que abarca también reformas para atraer inversión, nos muestran cuán lejos estamos en el Ecuador de entender lo que está pasando y lo que puede venir si no se pone de acuerdo la sociedad sobre grandes objetivos nacionales.

El Ecuador tiene una crisis fiscal que deriva de una irresponsable expansión del gasto público y crecimiento del Estado que pasó de ser del 22 % del PIB en el 2006 al 45 % del PIB en el 2015, y que hoy nos tiene con grasa, corrupción, entidades que no deben existir, dependencias que se estorban unas a otras y que producen asfixia regulatoria.

Esa crisis fiscal también proviene de una serie de privilegios, canonjías y dádivas que ciertos sectores burocráticos y empresariales han logrado. Así, por ejemplo, los sueldos en el presupuesto general del Estado suben automáticamente 300 millones de dólares al año por leyes de escalafón, por antigüedad, por ascensos, etcétera. Es decir, sobre esto, nada puede hacer el ministro ni el gobierno de turno si esto no se cambia, y requiere un acuerdo de todos los ecuatorianos. También otro ejemplo es que la ley obliga en forma ridícula a que el Estado pague el 40 % de las pensiones de los ciudadanos, cosa para la cual no hay recursos y que por lo tanto contribuye a la deuda pública, y a que el IESS esté desfinanciado.

Esta crisis fiscal viene también de haber sostenido como sociedad en forma irresponsable e inmoral un subsidio de más de 40 años a los combustibles, el mismo que a dólares de hoy representa en forma acumulada alrededor de 80 mil millones de dólares, esto es, más que toda la deuda pública del Ecuador. Esta crisis es también producto de ineficiencias de empresas protegidas del sector privado, aquellas que ensamblan cosas sin ningún valor agregado, aquellas que se protegen con altos aranceles, y que hacen pagar a los ecuatorianos precios muchísimo más altos que en el mundo exterior, generando menos crecimiento, menos riqueza de la posible y por lo tanto contribuyendo a bajar el nivel de vida de los ecuatorianos y a la crisis fiscal.

Y qué decir de la falta de crecimiento y de inversión que afectan también a las finanzas públicas, dadas por una legislación laboral antiempleo y por una inseguridad jurídica de las peores del mundo.

Y mientras no nos pongamos de acuerdo los ecuatorianos, en que la economía debe reformarse profundamente, llevándola a la libertad, eliminando las aberraciones aquí descritas, no habrá manera de que no se siga asfixiando al sector que paga, y que sigamos bebiendo del cáliz de la desesperanza.

Mientras la política siga siendo cálculo electoral, mientras el país no esté por encima del interés partidista, mientras no nos bañemos con la verdad y la evidencia técnica y científica, mientras no aceptemos que el grito y el odio político tienen que ser sustituidos por el análisis serio, el diagnóstico sobrio y la propuesta de unidad nacional en torno a objetivos económicos razonables, nuestro camino para salir de la pobreza y lograr todo el potencial que este país tiene estará lleno de los más grandes obstáculos y no llegaremos a la meta. (O)