Ecuador ya enfrentó una tremenda epidemia respiratoria antes del COVID-19: la tuberculosis fue una de las principales causas de muerte del país. Así nació por el año 1940 la Liga Ecuatoriana Antituberculosa (LEA), por iniciativa del médico guayaquileño Alfredo José Valenzuela Valverde, con presencia institucional inicialmente en Guayaquil, Cuenca y Ambato. Recordada con gratitud especialmente en Guayaquil. La institución sanitaria levantó sanatorios, formó especialistas y desplegó campañas de vacunación y diagnóstico, que innovaron la salud pública nacional. Su hospital en el cerro del Carmen, se convirtió en símbolo de modernidad y servicio.
En efecto el Hospital Alfredo José Valenzuela Valverde fue un referente nacional e internacional. Tenía laboratorio, rayos X, quirófano, servicios especializados y personal altamente capacitado. Era el núcleo de una red de prevención, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis y otras enfermedades respiratorias.
Sin embargo, en diciembre de 1973, la LEA fue suprimida e incorporada al Ministerio de Salud Pública (MSP) y aquel modelo de institución autónoma, especializada y eficiente se diluyó. A partir de entonces, la tuberculosis dejó de ser prioridad. Y lo más grave: se instaló la idea equivocada de que estaba “erradicada”.
Esta crítica fue planteada en EL UNIVERSO en 2018 por la doctora Elizabeth Benítez Estupiñán, quien cuestionó el cierre del indicado hospital a fines de 2017. Recordó que el hospital había sido acreditado un año antes, con nivel oro por la Accreditation Canada International, con un 98,4 % de cumplimiento en estándares de calidad. Sin embargo, fue cerrado por deficiencias en el manejo de desechos hospitalarios, una responsabilidad que –como ella señaló– correspondía a las instancias de control y supervisión del MSP.
La doctora Benítez advirtió entonces que cerrar un hospital especializado y trasladar pacientes crónicos, algunos con tuberculosis resistente por abandono previo de tratamiento, no solo era una mala decisión administrativa, sino un riesgo sanitario. El manejo de desechos se corrige; pero la dispersión de pacientes infectocontagiosos en hospitales generales, expone a otros enfermos y debilita el control epidemiológico.
Hoy, se han confirmado esas advertencias. Los brotes de tuberculosis en centros penitenciarios, principalmente en la Costa, revelan la crisis que combina hacinamiento, desnutrición y ausencia de atención médica especializada. Según la experta de la OPS Mónica Alonso, “en la población general hay 25 casos por 100.000 habitantes, en las prisiones (…) 1.300 casos por 100.000 presos”. Pero esa realidad no se queda allí: se transmite a la comunidad a través de funcionarios, visitas y excarcelados.
Lo paradójico es que Ecuador tuvo un modelo que funcionó. La LEA fue para la tuberculosis lo que Solca es hoy para el cáncer: una institución autónoma, especializada, con respaldo social y capacidad técnica. Este tipo de entidades son viables y necesarias.
Pensar hoy en una LEA no es nostalgia. Es una obligación sanitaria. La tuberculosis nunca se fue; lo que desapareció fue la institucionalidad que la mantenía a raya. (O)
