Enhorabuena, el Gobierno ha ido desactivando la bomba para las finanzas públicas que han sido los subsidios a los combustibles: empezó en 2024 con el subsidio a las gasolinas y ha continuado ahora con el del diésel. Esta es una reforma estructural del gasto ya que el Estado dejará de gastar aproximadamente $ 1.000 millones en subsidiar el diésel. Algunos dicen que ahora el Estado podrá destinar ese “ahorro” a causas más merecedoras como la salud, la educación, la seguridad, etc.

Sucede que desde hace más de una década el Estado gasta dinero que no tiene y, por ende, año tras año, sale a buscar financiamiento en crecientes cantidades, desplazando así los recursos y el crédito disponible para el sector productivo. El resultado es un estancamiento secular: entre 2014 y 2024 el ingreso real por persona en Ecuador cayó en promedio 0,09 % al año (tasa de crecimiento anual compuesta). La economía no crece y el Estado demanda cada vez más recursos de financiamiento dado que sus ingresos perennemente están por debajo de sus gastos y estos últimos no han dejado de crecer.

Por ende, lejos de andar pensando en qué otra cosa podemos gastar, nos encontramos en una situación de crisis fiscal que todavía nos obliga a continuar viendo en qué más recortar. Ahora el subsidio más cuantioso, regresivo e injusto que permanece en el Presupuesto General del Estado es aquel del aporte estatal de 40% a la minoría de trabajadores afiliados al IESS –siendo que solo un 35 % de la Población Económicamente activa tiene un empleo formal–. Ese aporte demanda este año $ 3.344 millones, de los cuales el Gobierno apenas ha entregado $ 2.628 millones. Para que pongamos en contexto estas cifras: el subsidio a las pensiones equivale en 2025 a 64 % del déficit fiscal de $ 5.200 millones estimado según Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal.

Otro elefante en la habitación es el abultado sector público. Carrera señala que entre 2000 y 2024 el gasto del Sector Público No Financiero se multiplicó 12,3 veces y el gasto en sueldos de empleados públicos 16,1 veces. Durante este periodo, el gasto en sueldos del sector público pasó de 4,2 % del PIB a constituir 7,9 % del PIB. Todo esto mientras que el PIB en valores corrientes se multiplicó 6,8 veces. No solo que se agregaron 187.992 personas a la nómina, sino que los sueldos en el sector público han llegado a superar con creces aquellos del sector privado que lo sostiene: el INEC detalló en 2024 que el sueldo promedio en el sector privado era de $ 595, mientras que en el público ascendía a $ 1.721.

La prioridad debe ser el crecimiento, para lo cual necesitamos más libertad económica. Esto implica (1) reducir el tamaño e intromisión del Estado, para asimismo poder (2) reducir la carga tributaria y realizar una (3) reforma del mercado laboral y de las pensiones. Para crecer más necesitamos captar el ahorro interno y externo y para ello es imperativo que (4) adoptemos el modelo de apertura financiera, un complemento natural para una economía dolarizada. Finalmente, debemos continuar por la senda de la (5) apertura comercial. Estas reformas deben avanzar con o sin una Constitución nueva y sin esperar a que se termine el proceso constituyente. Ya llevamos más de una década estancados. (O)