Por tercera vez en 27 meses del actual gobierno se proponen reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (Lospee). En esta oportunidad lo hace con el proyecto urgente de la Ley Orgánica de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, cuyo objetivo es facilitar inversión privada y evitar, en el caso del sector eléctrico, que tengan que destinarse recursos fiscales a este desarrollo en circunstancias en que hay que atender otras prioridades.
En lo sustancial, especifica las causales para apelar a la excepcionalidad de la participación privada a través del régimen de concesión/delegación. Una reacción ante el reciente fallo de la Corte Constitucional que dejó sin piso un literal del artículo 25 de la Lospee al apelar de forma general al interés público o colectivo.
Según la ley propuesta, se podrán delegar de forma excepcional proyectos que correspondan a cualquiera de los segmentos del Sistema Nacional de Electricidad (SNE): generación, transmisión, distribución y comercialización, incluido alumbrado público. Antes estaba limitado a los dos primeros. Para los proyectos contemplados en el Plan Maestro de Electrificación (PME), retrasos de ejecución de 2 años o más permitirán convocatoria a un proceso público de selección (PPS), con el aval previo del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) o del Operador Nacional de Electricidad (Cenace). Asimismo, se prescriben como causales habilitantes: condiciones de déficit energético; riesgo de racionamientos; vulneración de la seguridad y confiabilidad del sistema, etc.
Para los proyectos no contemplados en el PME se ratifica un esquema de apertura a proyectos de iniciativa privada no solicitada, sujeto a la presentación de estudios técnicos, legales y económicos que lo justifiquen. Cabe sugerir que este requerimiento se ajuste a un formato abreviado a fin de evitar que sea un cuello de botella.
Un avance normativo es que contemple para los sistemas de generación distribuida de autoabastecimiento, de hasta 10 MW, el uso de cualquier tipo de tecnología, incluyendo la termoelectricidad o energía en firme. A la vez, la innovación del concepto de Distrito Autónomo de Energía, con su propia generación y tendido de red pública, un régimen útil para sistemas aislados de la industria camaronera, minera o hidrocarburífera.
El otorgar un título habilitante para el aprovechamiento del gas natural asociado en los campos petroleros para fines no solo de autoconsumo sino de entrega de excedentes de generación al Sistema Nacional Interconectado (SNI) es positivo, pero tendrá que tomarse en cuenta que el suministro no es fijo sino variable dependiendo de los altibajos de su producción.
Una observación al proyecto es que reduzca a 30 años la delegación de proyectos PPS cuando en la Ley Antiapagones II se fijó en 50, con la particularidad de que se han hecho corridas económicas bajo ese supuesto. Con ajustes del texto durante el debate parlamentario, el proyecto de ley puede ser un renovado impulso para lograr una mayor participación del sector privado en el SNE. Queda pendiente la reforma a la Ley de Hidrocarburos, un sector que continúa en modo inercial a la espera de aportar, según sus potencialidades, a la soberanía energética del país. (O)
