Nuestro país tiene reyes en varios ámbitos, de la pelota nacional, de los políticos que viajan a una boda en Miami para no volver, de los gamers epidemiólogos, de los anuncios grandilocuentes acompañados de aire. Pero estas son distinciones menores ante los emperadores de desastres predecibles y prevenibles, como el emperador en exilio de “lograron las firmas para proteger al Yasuní, pero ya no quiero” y el emperador en funciones de “ya amplié la reserva marina de Galápagos, no me pidan más”.

Es maravilloso codearse con la abundante realeza que habita en nuestro país. Quién quiere las luces de neón de Hollywood, las luminarias filosóficas de Francia, las estrellas de la física alemana cuando aquí, al alcance de la mano, sabemos que nos alumbran solo los grandes.

Se estima que Ecuador perdió más de dos millones de hectáreas de bosque, es decir, un área equivalente a la provincia de Manabí, en los últimos 26 años. Solo la reserva del Chocó, una de las más biodiversas del hemisferio occidental, ha perdido más del 60 % de su cobertura original. Los culpables, bien gracias; son apenas madereros y mineros ilegales, y extractores industriales de aceite de palma, que vendrán y se irán.

Los cambios en los ecosistemas provocados por la deforestación traen sequías y disminuyen la resistencia a las fuerzas de la naturaleza durante climas extremos, con resultados que son difíciles de contrarrestar. Hasta ahora, la temporada invernal ha dejado 5.973 personas perjudicadas y 31 fallecidas, 28 de las cuales murieron en el aluvión de Santa Clara de San Millán en las laderas del volcán Pichincha. Más de 600 viviendas y 30 bienes públicos han sido afectados en 87 cantones del país, desde Santa Rosa, en El Oro; Guayaquil y Durán, en Guayas, y La Maná, en Quevedo, hasta Ibarra, en Imbabura.

Pero la zarina de los parques acuáticos en Guayaquil y el archiduque del bicentenario de la independencia en Quito no se enteran, aun cuando regentan las ciudades con mayor riesgo de incendios y que se encuentran a merced de invasiones y construcciones sin regulación o legalizadas de manera improvisada. Prefieren apostar por el circo para el pueblo que regresar a ver a los estudios que advierten sobre los peligros que nos acechan.

Sorprende, irrita, preocupa que una tesis universitaria publicada el año pasado estimó que casi el 25 % de la comuna de Santa Clara de San Millán presentaba un riesgo “muy alto” de deslave, y señalaba como causa principal el “abandono de las políticas de planificación urbana del Distrito Metropolitano de Quito”. ¿A dónde miraban los urbanistas de carrera, política o administrativa, incluido el aficionado al fútbol que opina solo cuando relumbra, como si marcara un gol?

Necesitamos más dedicación y menos campañas de políticos inefectivos, aspirantes oportunistas y aficionados a influir desde una burbuja la opinión pública. Es fácil decir “es que no hacen caso” en lugar de trabajar hacia la adopción de evidencia científica en la toma de decisiones. Esto último será el gran reto de nuestros alcaldes y el resto de nosotros –incluidos los medios– en los próximos años, y hacia allá debemos sumar. (O)