Luego de la victoria electoral del 13 de abril, el movimiento oficialista, Acción Democrática Nacional (ADN), llegó fortalecido a la instalación de la nueva Asamblea Nacional, esto es, con mayor capacidad de negociación frente a una afectada Revolución Ciudadana, y con ello concretar las alianzas y acuerdos para la designación de las autoridades del Legislativo, así como la estructuración de las diferentes comisiones.
Como era previsible, ADN, captó todos los espacios posibles, lo que le permite imponer la agenda, es decir, priorizar los proyectos de ley a tratar, así como su viabilidad. Para ello, 6 de 9 asambleístas del movimiento Pachakutik, en una muestra más de incoherencia ideológica, posibilitó la concreción de esa mayoría que, en todo caso, el tiempo determinará si se mantiene sólida y vigente o, más bien, responde a cuestiones coyunturales y, por lo mismo, está pegada con saliva.
En principio siempre será saludable que exista una adecuada coordinación y trabajo armónico entre el Ejecutivo y Legislativo, lo cual podría traducirse, si se hace una gestión responsable y respetando la independencia que debe existir entre las diferentes funciones del Estado, en una tarea eficiente, abordando los asuntos urgentes vinculados con seguridad y economía.
Pero también hay que advertir que el control total de la Asamblea Nacional por parte del movimiento oficialista trae consigo implícito, sin duda, el enorme riesgo de que el régimen se torne autoritario, en tanto el Legislativo, en la práctica, responda a los dictados de Carondelet, degradándose a la condición de una oficina adscrita a la Presidencia de la República, al renunciar al control político que debe ejercer por mandato constitucional, afectando con ello uno de los principales resortes para mantener el equilibrio de poder.
El reto que ha asumido la Asamblea Nacional en funciones es enorme, creando gran expectativa en el país, en tanto responda a los intereses no del Gobierno sino del pueblo al que se debe. Caso contrario, la crisis de la democracia representativa seguirá ahondándose y con ello, el desprestigio aún mayor de los congresos y de la política en general, lo que lleva a un círculo vicioso que abre paso al neopopulismo y a los aprendices de dictadorzuelos que creen seguir ordenando desde su feudo.
El presidente Daniel Noboa debe entender que en una democracia el disenso es una parte esencial de ese sistema político, donde las diferencias son resueltas a través de los canales institucionales existentes. Y por eso mismo, los partidos políticos, el Legislativo y la oposición, son elementos clave para la consolidación de esa forma de gobierno.
Ahora mismo está en curso el proyecto de ley presentado por el presidente, calificado como urgente en materia económica, para ‘desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno’. Será la primera prueba para conocer si esa mayoría legislativa afín al Gobierno actúa como aplanadora o deja espacio para un debate serio sobre una temática sensible que enciende las alertas en cuanto a defender el Estado constitucional de derechos y justicia. (O)
