Hay quienes creen que la mejor ley de comunicación es la que no existe y más bien se debería acudir a la autorregulación, es decir que, con base en los códigos deontológicos, los medios disciplinen su propio comportamiento. Sin embargo, y más allá de lo debatible de ese criterio por la idealización de la sociedad frente a un mundo real mucho más complejo en donde evidentemente intervienen intereses contrapuestos, la Carta Magna obliga al país a contar con una ley de comunicación.

Precisamente, en ese marco constitucional, en el año 2013, se aprobó la Ley Orgánica de Comunicación, instrumento lamentablemente utilizado durante los últimos 14 años para limitar y obstaculizar ya sea directa o indirectamente la libertad de expresión, no solo en el ámbito del trabajo de los medios y periodistas encargados de ofrecer luz, por lo general, en aquellos temas que al poder no le interesa que se difundan ni conozcan; sino también, del ciudadano común en cuanto al ejercicio de su derecho humano a pensar libremente.

Debemos tener presente que durante la época correísta lo que primó fue el llamado pensamiento único, es decir, esa forma enfermiza de considerar a la palabra del presidente como si se tratase de la verdad absoluta, elevándola a la condición casi de enunciado bíblico. Por lo mismo, cualquier expresión contraria o crítica al gobierno se asumió desde la perspectiva del enemigo interno y, por tanto, se aplicó la descalificación y el escarnio público –en las sabatinas– de todo aquel que se atrevió a levantar la voz.

Asimismo, durante la administración morenista, aquello de haber recuperado la libertad de expresión no fue más que simples palabras vacías, utilizadas para introducir en el imaginario colectivo la idea de la vigencia de un régimen supuestamente respetuoso de los derechos fundamentales. Pero no. Las cifras hablan de un gobierno opaco, que tiene que dar respuestas a muchas preguntas. Aquí no cabe la estrategia del avestruz. Valga decir que Fundamedios determina que ‘durante el gobierno de Lenín Moreno 1.702 periodistas y medios de comunicación fueron agredidos’.

De ahí que el pueblo haya recibido con agrado la decisión del presidente Lasso de derogar el reglamento general a la Ley Orgánica de Comunicación, así como de remitir a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación, con la que se pretende derogar, en parte, un cuerpo normativo atentatorio a la libertad de expresión y pensamiento, así como despenalizar las opiniones y críticas al poder público y trasladar la responsabilidad ulterior al campo de lo civil.

Pero el desmonte de un marco legal incompatible con una democracia no es gratuito y menos concesión de un gobierno ya sea de derecha o izquierda. La respuesta la encontramos, más bien, en ese trabajo de resistencia de medios y periodistas como EL UNIVERSO, diario Hoy (que murió con las botas puestas), Ramiro Cueva (Ecotel), Xavier Bonilla (Bonil), etcétera, que enfrentaron y desafiaron con valentía al autoritarismo.

Sin duda, este nuevo proyecto de ley debe ser revisado y mejorado, sin soslayar temas vitales como los derechos laborales de los trabajadores de la comunicación. (O)