Uno de los conceptos más elementales de la ciencia económica es la “eficiencia”. Se entiende por “eficiencia” la capacidad de obtener el máximo beneficio utilizando la menor cantidad de recursos. Para cualquier sistema económico, alcanzar la eficiencia es un objetivo prioritario, pues en cualquier sociedad los recursos siempre serán finitos e insuficientes para satisfacer todos los deseos humanos. Con más razón aún, por lo tanto, la eficiencia es importante en economías en desarrollo como las nuestras, donde tenemos escasos recursos para atender a las necesidades apremiantes de nuestra población, especialmente las de los más pobres.

En la economía ecuatoriana pocas cosas son menos eficientes que el subsidio a los combustibles. Aunque su justificación es ayudar a los más vulnerables, en la práctica los mayores beneficiarios son los empresarios y, en general, los hogares de clase media y alta. Yo mismo soy un ejemplo de esta ineficiencia. Al recibir mi última planilla de gas observé que debía pagar únicamente $ 14 gracias a que el Estado me subsidió $ 18 adicionales. Dicho de otra manera, pese a tener la suerte de contar con una situación económica estable, estoy recibiendo ayuda estatal. ¿No sería más eficiente invertir ese dinero en medicinas, educación o seguridad, en beneficio de quienes más lo requieren? El problema se agrava al considerar el impacto ambiental. Mientras que la mayoría de economistas recomiendan aplicar impuestos a los combustibles –los llamados “impuestos pigouvianos”– para mitigar el cambio climático, en Ecuador ocurre lo contrario: se premia su uso. Esto genera un doble costo: un gasto fiscal enorme y un daño ambiental acumulativo, todo en beneficio de los ricos y no de los pobres.

Para dimensionar el asunto basta revisar las cifras: entre 2010 y 2023 el Estado ecuatoriano destinó $ 53.922 millones en subsidios a los combustibles. Solo en 2023 estos subsidios sumaron aproximadamente $ 3.265 millones, superando el gasto en salud, que fue de $ 3.064 millones, y representando alrededor del 67,5 % del gasto en educación. En ese mismo año, los programas de protección social, incluyendo el Bono de Desarrollo Humano y pensiones para adultos mayores, recibieron apenas $ 1.296 millones, menos de la mitad de lo que se gastó en subsidiar combustibles. El subsidio al diésel es particularmente costoso: en 2024 representaba alrededor de $ 1.506 millones y para 2025 se proyectaba aún en $ 1.194 millones. Según estimaciones oficiales, eliminarlo podría liberar más de $ 1.100 millones anuales para programas sociales y productivos. Así las cosas, el Banco Central del Ecuador advierte que estos subsidios superan casi tres veces el gasto en programas de ayuda social y constituyen un esquema que favorece a los hogares con mayores ingresos.

Estamos presenciando, por lo tanto, nuevamente la gran paradoja: paros nacionales liderados por dirigentes “de izquierda”, pero que paralizan y destruyen nuestro país para proteger un privilegio de los ricos en vez de exigir que esos miles de millones sean redirigidos a educación, salud, seguridad, o programas sociales que de verdad ayuden a quienes más lo necesitan en nuestro país. (O)