¿La fuerza militar es suficiente para eliminar el narcotráfico y los homicidios en Ecuador? ¡No! Sea de la magnitud que sea. Se requiere que la población tenga un nivel adecuado de bienestar, al menos en salud, educación, empleo, seguridad y justicia, lo que es responsabilidad del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
El presidente Noboa, en enero de 2024, declaró el uso de la fuerza militar en apoyo a una policía desbordada y la guerra interna contra las organizaciones transnacionales y 22 organizaciones nacionales declaradas terroristas. El argumento más importante fue el alto número de homicidios: 8.221 en 2023, con una tasa de 45,7 por cada 100.000 habitantes. En 2024 hubo una disminución a 6.986 homicidios, con una tasa de 38,5 por cada 100.000 habitantes. Desde enero hasta el 12 de octubre de 2025 se registraron 7.553 homicidios (datos oficiales según constan en la página web del Ministerio del Interior y la Policía Nacional). Hay estimaciones de que terminaremos el 31 de diciembre de 2025 con alrededor de 9.100 homicidios y una tasa cercana a los 50 por cada 100.000 habitantes. Por ejemplo, en Guayaquil, los sicarios actúan con impunidad en cualquier lugar y hora ejecutando por contrato, sin discriminar a niños ni a personas inocentes que tuvieron la mala suerte de estar en el lugar de los crímenes.
El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado elabora boletines semestrales y anuales basados en datos oficiales. InSight Crime también toma los datos oficiales del Ecuador y de los países latinoamericanos; en sus informes anuales de 2023 y 2024 ubica a Ecuador como el país más violento de Latinoamérica por tasa de homicidios. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ubica, en sus informes, a Colombia como el mayor productor de cocaína del mundo, seguido por Perú; y a Ecuador como el centro logístico o hub más importante en el acopio y distribución de la droga, lo que nos ha transformado en el campo de batalla entre las mafias, los carteles y las organizaciones transnacionales por el control.
En Colombia, la presión militar por décadas no ha sido suficiente para neutralizar o eliminar el narcotráfico. En Ecuador, el uso de la fuerza militar permanente y desgastadora cumple casi dos años; pero, hasta que no se atiendan las verdaderas causas de la economía ilícita, ninguna capacidad militar –con o sin apoyo extranjero– impedirá que las organizaciones criminales armadas amplíen su dominio con base en el miedo y el terror.
Es vox populi –“voz del pueblo”, que significa “lo que es conocido y repetido por todos”– que, cuando el Bloque de Seguridad actúa en algún barrio pobre periférico de Guayaquil, las calles y los pequeños comercios se cierran, las familias se confinan en sus casas con miedo. Los habitantes no temen a los militares; temen a lo que sucede cuando termina el operativo de captura de sospechosos, armas y drogas, pues las pandillas u organizaciones regresan con sed de sangre a ejecutar a cualquiera que supongan haya dado información a los militares.
A los casi dos años del empleo militar complementario a una policía desbordada, las estadísticas no demuestran una disminución drástica ni sostenida de los homicidios. (O)
