El 8 de diciembre de 2024, día fatídico para la sociedad ecuatoriana, cuatro niños miembros de familias empobrecidas del empobrecido barrio de La Malvinas, de tez negra, después de jugar fútbol y comprar pan, fueron detenidos y desaparecidos por militares en Guayaquil. El día siguiente sus progenitores denunciaron el hecho a la Fiscalía, que les dijo que no hicieran público el hecho, calificándolo de secuestro pese a que los amigos de los niños contaron quiénes los habían detenido. Ninguna investigación realizó tampoco la Policía Nacional. El 20 se presentó la demanda de habeas corpus para dar con el paradero de los menores. Recién el día siguiente las FF. AA. reconocieron la participación de los uniformados en la detención, cuando por las cámaras de seguridad municipales se hizo pública y la máquina infame de la calumnia empezó a culpar a los niños de un robo que jamás se probó ni reportó. En las redes sociales el odio se reprodujo. La jueza declaró la responsabilidad del Estado en la ya calificada desaparición forzada y obligó al ministro de Defensa a que se disculpe por los evidenciados abusos de los militares, quienes golpearon, insultaron, menospreciaron, desnudaron y no entregaron a su padre y madre al chico de 11 años y a las autoridades los demás. El ministro se disculpó a su manera, revictimizando a las familias de las víctimas como dice la Corte Constitucional (CC), ya que negó la intervención de las FF. AA. en el hecho, cuando aún no había concluido la investigación, y arremetió contra la juzgadora para que se la sancione. El infierno por la desaparición se multiplicó cuando el tribunal superior por mayoría revocó la sentencia. La noticia el 24 del hallazgo de cuatro cuerpos calcinados convirtió la Nochebuena en Nochemala por un aciago presentimiento, que se hizo realidad el 31, cuando la ciudadanía ya festejaba el fin de año: los restos eran de sus hijos. Habían muerto, asesinados. Un rayo cayó sobre ellos, castigando su miseria y el color de su piel. Y su edad, porque para esos agentes del Estado debían ser tratados como adultos malhechores, que no eran.
Ahora la Corte, en homenaje a la verdad, reivindicando la memoria de los menores caídos, ha dispuesto, entre otras cosas, que el comandante de la Fuerza Aérea se disculpe públicamente ante los familiares de los niños y la sociedad en su conjunto, y reconozca, “con vergüenza y dolor, que el Estado es responsable de la desaparición forzada y posterior muerte (¡por su negligencia!), arrebatándoles su libertad, su infancia y su derecho a vivir dignamente”; “que no proporcionó a sus familias información inmediata, completa y veraz sobre la aprehensión”; “que ningún servidor público está por encima de la ley para vulnerar derechos y actuar con impunidad”.
No más desapariciones forzadas, patrón sistemático evidenciado en el fallo, denunciado por la Defensoría del Pueblo; familiares de las víctimas del 2024, año en el que registra la Fiscalía que se registran más de 51 desaparecidos; Amnistía Internacional y otros. Que regresen a sus cuarteles los militares; no los necesitamos si la Policía hace bien su labor. (O)
