En Ecuador, la llamada “justicia de puerta giratoria” ha dejado de ser una simple metáfora, es una cruel realidad. Los delincuentes son detenidos un día y liberados al siguiente, para luego reincidir con impunidad pasmosa. Los ciudadanos ya no confían en los operadores de justicia y no faltan razones.
La polarización como ideología
Mientras las fuerzas del orden arriesgan sus vidas en operativos contra el crimen, los fiscales y jueces –en muchos casos, no todos– actúan como facilitadores de la impunidad o cómplices de la delincuencia. En las audiencias de flagrancia se repite el mismo libreto: falta de pruebas, errores de forma, supuestas violaciones al debido proceso o derechos humanos. Utilizan subterfugios legales para dejar en libertad al delincuente capturado y lo más grave es el uso cínico de principios constitucionales para protegerlo; como el derecho a la igualdad para liberar a reincidentes peligrosos, como si el sistema no pudiera –o no quisiera– distinguir entre un error y una amenaza social. Hay argumentos absurdos como la no discriminación del criminal, aplicando el principio de igualdad, utilizando un formalismo que desnaturaliza la esencia misma de la ley.
El problema va más allá de la interpretación jurídica. Hay acusaciones públicas de que los fiscales y jueces se disputan los turnos en flagrancia porque han establecido “tarifas” por tipo de delito. Las acciones de protección, habeas corpus, medidas sustitutivas, sobreseimientos exprés o archivos de causas, se ofrecen al mejor postor, como en los peores tiempos del “plata o plomo”.
El resultado es que los delincuentes entran y salen de prisión como por una puerta giratoria, mientras tanto, las víctimas quedan desamparadas, sin justicia ni reparación y la sociedad, golpeada por el miedo, comienza a buscar respuestas por fuera de las instituciones haciendo “justicia o defensa por mano propia”.
Si hay casos en los que se ha sancionado a jueces y fiscales corruptos, pero son la excepción. La mayoría de denuncias no avanzan, se archivan o ni siquiera se investiga. El sistema se protege a sí mismo, con un silencio que huele a complicidad, argumentando independencia.
Y no es solo cuestión de corrupción, también hay temor. El crimen organizado ha penetrado las instituciones, incluidas aquellas que deberían enfrentarlo. Fiscalías y juzgados operan bajo presión: amenazas, chantajes, o directamente controladas por mafias con poder económico y político. El aparato judicial no solo está infiltrado, muchas veces está sometido. Algunos operadores argumentan la sobrecarga laboral o la falta de recursos. Es verdad faltan fiscales y jueces, hay audiencias que se posponen por meses y los expedientes se acumulan en escritorios desbordados, pero el mayor problema no es técnico, es ético y moral.
Cuando un juez actúa por amenaza debe denunciarlo para ser protegido. Cuando lo hace por concusión, prevaricato o delincuencia organizada debe ir preso y sin atajos; porque si no rompemos esa cadena de impunidad, la justicia seguirá siendo parte del problema y no de la solución.
Reformar la justicia ya no es una opción, es una urgencia. O limpiamos la casa, o perdemos la guerra. (O)