La Fundación CAJE con el apoyo de PADF-Ecuador y Usaid se han comprometido a desarrollar un encomiable trabajo en las provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe, enfocado en la lucha contra la corrupción y para ello se ha concretado la suscripción del acta denominada ‘Ponle tu firma por la transparencia’, documento que reúne a autoridades y representantes del sector público, privado y ciudadanía, en cada uno de los territorios, en el propósito común de enfrentar a ese monstruo apocalíptico que genera costos socioeconómicos descomunales para el país, esto no solo al arrancar a dentelladas su delicado tejido social, sino también al poner en entredicho la propia vigencia del estado de derecho, la credibilidad de sus instituciones, así como la elevación de los costos en las transacciones económicas (precisamente por la falta de confianza) y el desvío de recursos que terminan por acentuar aún más esa vergonzosa brecha que representa la inequitativa distribución en el ingreso, lo que se traduce en menos oportunidades de desarrollo para los grupos empobrecidos e invisibilizados por el mercado.
Desde luego, el sector privado, que tampoco es virginal, tiene que jugar un papel determinante en aquello de evitar la opacidad y la falta de transparencia en su acción cotidiana y en su relacionamiento con el ámbito público. La gran o pequeña corrupción no deben tener cabida. Los escándalos que ahora mismo han conmocionado a la región incluyen la participación del agente privado. Y es que no puede haber coimados sin coimadores de por medio.
Entonces, se trata de articular estrategias encaminadas a incentivar una robusta participación de la sociedad civil a través de veedurías ciudadanas que permitan profundizar en auténticos mecanismos de rendición de cuentas de todos quienes administran la cosa pública, lo cual dista mucho de esos ‘informes de gestión’ que, con vuvuzelas y barra propia, anualmente se reportan al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y es que la caricatura de proceso de apertura y transparencia que hoy tenemos pone de manifiesto una vez más que el papel y los programas de presentación gráfica lo aguantan todo...
Sin duda, es un esfuerzo de largo aliento que obliga al Estado, sector privado y ciudadanía a trabajar de manera conjunta para identificar los actos de corrupción, minimizar su presencia y exigir la sanción para quienes violenten la ley, evitando con ello el imperio de la impunidad que es una expresión de burla a la ética pública. Si bien el artículo 3.8 de la Constitución determina como uno de los deberes primordiales del Estado garantizar a sus habitantes una comunidad democrática y libre de corrupción, su implementación práctica está atada a un mejoramiento de la educación en todos sus niveles. Se trata de la formación de ciudadanos lo suficientemente empoderados, capaces de exigir sus derechos, conscientes de cumplir a rajatabla sus obligaciones.
Hay que cuidar celosamente el capital social, es decir, esas relaciones de confianza, cooperación, compromiso cívico y virtudes como la honestidad. Ese es el gran desafío. (O)
