A pesar de mirar prácticamente en vivo y en directo la barbarie de las cárceles, nosotros, los que estamos afuera, la vemos como un asunto ajeno. Esa sensación de distancia tiene su expresión siniestra en la opinión, masivamente compartida en las redes, que considera beneficiosa a la masacre porque limpia a la sociedad de elementos indeseables. Pero, sin llegar a ese extremo y aunque la mayoría de las personas nos sentimos impactadas –sobre todo por las imágenes difundidas–, la percepción dominante es que los hechos se circunscriben a un lugar determinado y que son protagonizados por grupos muy diferentes a aquellos con los que interactuamos diariamente. No es conmigo, parece decir esa multitud difusa a la que le cabe perfectamente el calificativo de mayoría silenciosa.

Haríamos bien en poner atención a las advertencias que han hecho varios especialistas. Desde diversas perspectivas, ellos sostienen que lo ocurrido en las últimas semanas es el anuncio de problemas mucho más graves. Según sus análisis, es necesario considerar las experiencias de otros países, como Colombia y México. Estos comenzaron con episodios similares al enfrentamiento entre bandas delincuenciales y en muy corto tiempo la violencia pasó a afectar al conjunto de la sociedad. Es algo inevitable porque el narcotráfico no se limita a la producción y distribución de drogas. Su objetivo, como cualquier actividad económica, es acumular a la mayor brevedad posible la mayor cantidad de dinero. Sin embargo, a diferencia de aquellas, la parte fundamental de su negocio no puede hacerse a la luz del día y dentro de las normas legales. La producción y la distribución deben mantenerse en la ilegalidad, pero hay un amplio conjunto de actividades que deben realizarse en el marco de la legalidad.

Para alcanzar su objetivo, las mafias necesitan contar con espacios seguros en las cadenas de transporte y con contactos y facilidades en puertos y aeropuertos. Requieren también de apertura y participación en muchas actividades económicas (las preferidas son las de bienes raíces y de la construcción), con el fin de blanquear el dinero obtenido por el negocio de las drogas. Precisan del sistema financiero, no solo para ese mismo blanqueo, sino también para la realización del amplio conjunto de operaciones que demanda un negocio transnacional como es este. Necesitan incidir sobre las instancias de control o, en lo posible, someterlas. Lo mismo con respecto al sistema de justicia, con énfasis en el ámbito carcelario. Su objetivo mayor es la política, desde donde buscan adecuar a las instituciones y las leyes a su propia realidad.

Se plantea así un conflicto inevitable entre legalidad e ilegalidad, que es la causa fundamental de la violencia. Los grupos ilegales buscan que las actividades legales descritas y todas las que les resulten útiles sean funcionales a sus objetivos. La manera de lograrlo es la fuerza, siempre entendida en su mayor dimensión. Por ello, como insisten los especialistas, el problema es integral y no se reduce al debate sobre la militarización de las cárceles o a la vigencia de un decreto de estado de emergencia. Mientras no se legalice el consumo en los países de mayor demanda, los de tránsito, como es el Ecuador, estarán condenados a vivir en la violencia. El problema es de todos. Es conmigo. (O)