Ayer, en una entrevista concedida a Radio Centro, el ministro de Gobierno, José de la Gasca, fue claro y categórico: más allá de su “corazón constituyente”, el Ecuador enfrenta hoy otras prioridades que no pueden ser relegadas frente a un proceso constituyente que -en sus propias palabras- es un periplo, un camino largo, en el que antes deben agotarse las vías de la enmienda y la reforma parcial. Es decir, hay que “caminar al ritmo de las leyes y también de los tiempos políticos”.
Más aún, sostuvo que lo que hoy se preguntan los ecuatorianos no es cómo ni cuándo convocar una Asamblea Constituyente, sino cuándo se resolverán sus problemas de inseguridad, salud y desempleo.
Y no podemos sino coincidir con sus declaraciones. Iniciar hoy un proceso constituyente, con tres elecciones de por medio, más el riesgo de que termine sentado en esa Asamblea cualquier hijo de vecino, y -no menos importante- que no se logre consolidar una mayoría suficiente para aprobar un nuevo texto constitucional, sería un error político de grandes proporciones. Es más, para concluir su postura sobre la inconveniencia de iniciar un proceso constituyente en este momento, el ministro anunció que el Gobierno está enfocado en que en los próximos 30 días se apruebe la nueva ley económica urgente, remitida a la Asamblea Nacional el pasado 17 de mayo.
El proyecto plantea, entre otros aspectos, el establecimiento de un marco jurídico para el reconocimiento formal del conflicto armado interno, reformas al Código Orgánico Integral Penal y a la Ley de las Fuerzas Armadas, así como un paquete de incentivos de naturaleza económica. Entre ellos, se incluye la posibilidad de que los contribuyentes que realicen donaciones destinadas al equipamiento y suministro de bienes de seguridad para la Policía y las Fuerzas Armadas accedan a una rebaja del Impuesto a la Renta equivalente al valor donado, hasta un límite del 30 % del impuesto causado, sin derecho a devolución.
Además, se faculta al presidente de la República para que, de manera anual y discrecional, otorgue incentivos económicos dirigidos a tres sectores específicos: (i) pequeños y medianos productores del sector agro productivo; (ii) jóvenes y adultos que busquen potenciar sus habilidades; y (iii) actores de la economía popular y solidaria -artesanos, emprendedores, negocios populares- para reactivar la economía y garantizar la continuidad de sus actividades productivas.
Más allá del acierto de estos incentivos, no es menor que se proponga la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial previa, bajo control posterior de un juez especializado en conflicto armado interno. Algo que, hasta ahora, solo es posible con un estado de excepción vigente.
En consecuencia, es acertada la decisión del Gobierno de suspender la convocatoria a una Constituyente y buscar, vía enmiendas y reformas parciales, los cambios urgentes que la Constitución de Montecristi necesita. Hoy el país requiere soluciones reales y leyes efectivas. No es momento para un peligroso tubo de ensayo donde se cuelen figuras indeseables que, en lugar de construir futuro, pretendan perpetuar la amargura, el odio y el resentimiento social. (O)
