Ecuador enfrenta una guerra que ya no puede luchar solo.

El Ecuador costeño y el fronterizo viven un nivel de inseguridad que excede lo conocido: violencia desenfrenada en sus ciudades, auge de economías criminales que operan con impunidad de día y con sol, con el tráfico de armas, rutas de narcotráfico, en puertos capturados y en cárceles infiltradas. Balaceras que paralizan el tráfico, como ocurrió en la mañana del pasado miércoles en la avenida de alto flujo vehicular de La Puntilla (Samborondón) con el asesinato de un joven empresario, con al menos 20 disparos. A corta distancia del ECU911.

Sin embargo, en el referéndum del 16 de noviembre de 2025, los ecuatorianos dijeron no (con alrededor del 60 % de los votos), a la propuesta del Gobierno de eliminar la prohibición constitucional de instalar bases militares extranjeras en territorio nacional. Para muchos, especialmente en las alturas donde no llega el hedor a sangre, puede parecer una reafirmación del principio constitucional de “territorio de paz”. Pero en provincias como Guayas, Manabí, El Oro o Esmeraldas –epicentro del crimen organizado– ese no suena a resignación o a un voto de descontento político.

Mientras se votaba no en las urnas, alias Fede, cabecilla de un grupo criminal, nos recordaba que el Estado ya no controla ni sus cárceles: escapó de la Penitenciaría del Litoral vestido con uniforme de la Armada, escoltado por militares. ¿De qué soberanía hablamos si un capo sale caminando como militar por la puerta de la cárcel?

Las incautaciones récord de droga en 2025 –más de 135 toneladas solo en operaciones marítimas–, confirman que no es sencilla la lucha. Pero si la violencia sigue creciendo pese a esos golpes, significa que la estructura criminal sigue intacta.

El Estado enfrenta enemigos con dinero, armamento de guerra, puertos capturados y control territorial. Y encima, complicidades internas. Pretender enfrentar solos a estas organizaciones no es patriotismo: es negación.

El no del 16-N cerró el acceso a una herramienta importantísima de cooperación militar con aliados. No protegió la soberanía: la debilitó. Porque hoy la soberanía está en disputa en todos los barrios de cualquier nivel socioeconómico de ciudades costeñas, en los muelles, en las rutas de salida de droga, en el control del territorio de las zonas de frontera. Y esa batalla no se gana con discursos, ni con esloganes en la Constitución. Se gana con inteligencia, tecnología, recursos, alianzas estratégicas y una institucionalidad libre de corrupción. Para esto último se necesita una Comisión Internacional Anticorrupción como la Cicig que operó en Guatemala y ofrecieron en campaña los expresidentes Moreno y Lasso.

Ecuador necesita un acuerdo nacional sobre seguridad, sin cálculos políticos ni ficciones ideológicas. No es depender de otros países: es sobrevivir como Estado. La neutralidad ante el crimen organizado no existe. O se combate con toda la fuerza del Estado y sus aliados, o se acepta la derrota.

El país votó no. Pero la realidad exige un sí: sí a recuperar nuestro territorio, sí a una cooperación real, sí a la vida. (O)