El año 2005, el presidente constitucional, coronel Lucio Gutiérrez, decidió, empleando una mayoría ocasional del Congreso Nacional (como se llamaba la Asamblea Nacional entonces), destituir a la Corte Suprema y designar otra.
Las Naciones Unidas condenaron la destitución de la Corte, y un relator de ella se instaló en Ecuador a procurar la restitución del Estado de derecho. Organizaciones internacionales de derechos humanos condenaron la destitución de la Corte. La ciudadanía protestó y se hizo presente en permanentes manifestaciones; el presidente de la República tuvo que abandonar el poder y fue reemplazado por el vicepresidente (Alfredo Palacio).
Para reemplazar a la Corte, arbitrariamente destituida, una comisión de la sociedad civil, con independencia del Gobierno, designó una nueva Corte Suprema.
El Gobierno está cometiendo un error similar al de hace veinte años al enfrentar a la Corte Constitucional, CC, que es la encargada de velar por el respeto a la Constitución, a las garantías de libertad por ella reconocidas a todos sus habitantes.
Este enfrentamiento a la Corte Constitucional por la suspensión temporal de algunas disposiciones de las leyes de la Asamblea Nacional, dictadas por iniciativa presidencial, ha sido criticada por las Naciones Unidas, lo que le coloca al Gobierno en una situación similar a la de 2005, pero que todavía puede ser enmendada, presentando sus argumentos durante el plazo de quince días señalado por la Corte para hacerlo; argumentos que vayan más allá de decir que el que no está de acuerdo con las leyes analizadas está de acuerdo con los delincuentes son una falacia.
Escribo estas líneas horas antes de la manifestación convocada por el Gobierno ante y contra la Corte Constitucional. En una de las nuevas enmiendas constitucionales, propuestas en consulta por el Gobierno, está una que sometería a la Corte Constitucional al enjuiciamiento político por la Asamblea, lo que llevaría a la contradictoria situación de que la Corte califique de inconstitucional una ley aprobada por la Asamblea y esta, en desquite, ¡destituya a la Corte! ¡Un chantaje constitucional!
El llamado del presidente Daniel Noboa a una manifestación popular contra la Corte Constitucional le hace daño al país y al propio presidente ante la comunidad internacional y, particularmente, ante sus tribunales de Justicia, como la Corte Interamericana, cuando, eventualmente, se presenten demandas por los abusos que pudieran haberse cometido.
La Corte Constitucional está integrada por personas de alta preparación académica, no vinculada a ninguna tendencia política; ha sido, más bien, blanda en relación al Gobierno: no le exigió que pidiera licencia durante la campaña electoral, no le objetó que encargara la Presidencia a una funcionaria de su gusto, en vez de a la vicepresidenta. Las leyes que revisa la CC no impedirán el crimen, cuya solución básicamente necesita que no ingrese droga por la frontera norte y no se exporte por puertos ecuatorianos. Es absurdo que se nos retiren las garantías constitucionales dizque para combatir al crimen. Los castigados somos todos. (O)