Para los profanos en el Derecho, y aun para quienes lo ejercemos, resulta difícil entender el intríngulis que vive la Asamblea.

De acuerdo con la Ley Orgánica que la regula, dicho organismo tiene “... la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades, y fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder público”, entre otros. Lejos de ello, vemos a muchos de quienes la conforman envueltos en tales embrollos, amenazas, dimes y diretes, gritos desaforados, irrespeto total de unos a otros; acusaciones y, para colmo, denuncias en contra de su presidenta, por supuestos actos de cobro de diezmos a sus colaboradores, tráfico de influencias y gestión de 20 nombramientos para cargos públicos; e, incumplimiento de funciones, que la tienen a un paso de la destitución; quien, en su defensa, ha iniciado cuatro procesos judiciales, interponiendo acción de medidas cautelares y de protección, denuncia en la Fiscalía por arrogación de funciones en contra de los vocales del CAL, y, otra en contra de 93 de los 137 asambleístas, por lo que la fiscal general fue llamada a comparecer ante la Comisión de Participación Ciudadana, sesión de la que debió salir abruptamente por el fuerte enfrentamiento verbal que se dio entre dos bandos, no sin antes dejar sentada su airada protesta por la posible intención de mezclar a la Función Judicial en temas que no le competen. Por otra parte, no debemos olvidar el cobro de ‘diezmos’ del que fueron acusados algunos parlamentarios, la colocación de asesores para cobrar sueldos adicionales; la obtención de réditos invocando discapacidades inexistentes, la amnistía a 268 personas, acusadas algunas de haber cometido graves delitos; los beneficios obtenidos aprovechando sus cargos, entre otros hechos deshonestos que han puesto al Parlamento en mal predicamento con una aprobación popular del 10,7 %, según Market.

Del otro lado, hay un pueblo en espera de que se reforme el art. 220 del COIP, por el cual se regulan las escalas de tenencia, posesión, tráfico, producción, etc., de sustancias estupefacientes, cuyos rangos deben ser establecidos por el Consep, mientras los juicios políticos siguen haciendo cola, así como un sinfín de proyectos y asuntos pendientes de resolver.

Solo 24 leyes han sido aprobadas de las 82 que se comprometieron a hacerlo en la Agenda Legislativa para el período 2021-2022, denominada Minga por la Vida, quedando en deuda, además, el fortalecimiento de la tarea de fiscalización y control político. Este escenario no es una buena imagen para el Ecuador, tampoco un buen ejemplo para los jóvenes y constituye un freno para el desarrollo del país porque no se aprueban los proyectos de leyes necesarios y mientras se pospongan los juicios políticos y la fiscalización continuaremos entrampados en las telarañas de la corrupción.

Urge un cambio radical que difícilmente lo veremos con esta Asamblea. Ojalá seamos más selectivos en el próximo período, para ahorrarnos el intríngulis que hoy en ella se vive. (O)