Transparencia Internacional ha señalado en sus distintos informes que la corrupción judicial, entre otros efectos, promueve la impunidad y menoscaba el Estado de derecho.
Ese socavamiento de los sistemas judiciales impide al ciudadano obtener el acceso a la justicia y satisfacer el derecho humano básico a un juicio imparcial y justo. Y lo más grave es que una judicatura permeada por la corrupción debilita la capacidad para combatir el delito transnacional, daña profundamente el crecimiento económico, pues impacta en la confianza de los inversionistas y frena los esfuerzos para la reducción de la pobreza.
¿Qué otra opción hay cuando las cortes ceden ante el avance de la corrupción, cuando campea la práctica del cohecho y la influencia política en las judicaturas? Los estudios no ofrecen una solución única. Se necesitan múltiples esfuerzos integrados, que incluyen ayuda internacional y trabajo a largo plazo; incluso la reparación de la cultura de la gente, para repudiar toda forma de corrupción o el quebrantamiento de normas del cotidiano vivir, como la de cruzar una calle por el paso cebra.
Sin embargo, el arbitraje es una alternativa eficiente y efectiva en aquellas materias que el ordenamiento jurídico permite. Sus ventajas:
- Celeridad: Permite resolver conflictos de manera rápida y eficiente, evitando las demoras y burocracia del sistema judicial ordinario.
- Flexibilidad: Las partes pueden elegir los árbitros y determinar el procedimiento a seguir, adaptando el proceso a sus necesidades específicas.
- Confidencialidad: Garantiza la confidencialidad y evita la exposición pública de los conflictos.
- Especialización: Los árbitros pueden ser elegidos por su expertise en la materia objeto del conflicto. Esto garantiza una decisión informada y especializada.
La Ley de Arbitraje y Mediación regula este mecanismo alternativo para resolver controversias. El arbitraje administrado es el más común, en el que un centro de arbitraje autorizado por el Consejo de la Judicatura designa los árbitros (cuando las partes no lo hacen) y gestiona el proceso. En esta ciudad hay varios centros; el más antiguo es el de la Cámara de Comercio de Guayaquil.
Incentivos para acudir al sistema arbitral:
- Evitar la corrupción: Permite evitar la corrupción y la influencia política.
- Seguridad jurídica: El arbitraje proporciona mayor grado de seguridad jurídica y certeza en el resultado del conflicto, a empresas públicas o privadas.
- Medidas cautelares: Se pueden dictar medidas cautelares para preservar bienes o elementos de prueba.
- Procedimiento arbitral: Las reglas procesales pueden pactarse.
En síntesis, el arbitraje es una alternativa confiable y pragmática para resolver litigios. Su celeridad, flexibilidad, confidencialidad y especialización son características que hacen una opción atractiva para solucionar conflictos de manera satisfactoria. Los abogados pueden incentivar a sus clientes a acudir al sistema arbitral, por sus ventajas y beneficios, y contribuir así a mejorar la seguridad jurídica y disminuir la conflictividad. (O)
