Samuel Langhorne Clemens, prominente escritor estadounidense, célebremente conocido bajo el seudónimo de Mark Twain, dijo alguna vez que “Las acciones hablan más que las palabras, pero no con la misma frecuencia…”.
He querido tomar prestada esa valiosa y muy potente frase no solamente porque la comparto, sino además porque grafica muy bien el tema que abordo hoy en esta columna.
Me refiero a la importancia que tiene el cargo de abogado de la Presidencia de la República en el Ecuador de hoy. A raíz de la expedición de la malhadada Constitución del 2008, la Presidencia de la República se convirtió en mucho más que el Ejecutivo del Estado. Su presencia e influencia en el resto de funciones, superintendencias y organismos de control es indiscutible, más allá del gusto o disgusto que ello pudiere generar.
De allí que el abogado de la Presidencia es mucho más que su denominación; es una suerte de abogado del Estado, aunque formalmente lo sea el procurador general del Estado.
Porque un presidente medianamente responsable y racional no da un solo paso importante en su gestión sin contar con el criterio de su abogado, porque la operatividad legal del sector público lo demanda en la mayoría de los casos, y además, porque no hacerlo podría causarle personalmente problemas con la Ley e incluso poner en riesgo su permanencia en el cargo.
Porque ningún ministerio ni empresa pública que forma parte de la Función Ejecutiva actúa sin el aval de su abogado, y ningún abogado de estas instituciones va a tomar una posición sin conversar previamente con el abogado de la Presidencia, sobre todo, cuando estas decisiones tienen impacto en la caja fiscal.
Porque los grandes temas de defensa del Estado a cargo del procurador general del Estado deben ser coordinados con el Gobierno, y su máxima autoridad, el presidente, siempre va a escuchar la opinión de su abogado; porque los grandes temas a cargo de la Fiscalía General del Estado, de la Contraloría General del Estado y las superintendencias suelen ser coordinados con la Presidencia, y en ello, la voz del abogado de esta última es fundamental, respetando las especialidades y atribuciones específicas de cada función.
Porque el bloque oficialista en la Asamblea Nacional debe coordinar su producción legislativa con el presidente, y otra vez allí tiene un rol protagónico el abogado de la Presidencia.
Digo todo esto para graficar la importancia que tiene la reciente designación de Enrique Herrería Bonnet como secretario jurídico de la Presidencia, a mi gusto, la mejor y más acertada designación que Daniel Noboa ha hecho en sus 2 años al frente del país.
Herrería aportará certeza jurídica a las actuaciones del Gobierno, personalidad en la defensa del Estado, experiencia en la cosa jurídica pública y como una suerte de bono extra, amplia experiencia política al servicio del presidente.
Esta designación dice más que mil palabras; dice que Noboa ha entendido que debe sumar experiencia a su equipo para ponerlo a funcionar en beneficio del país.
Desde esta columna deseamos mucha suerte al doctor Herrería en tan importante función. (O)
