El Gobierno ha tomado una decisión económica importante, jugándose una carta política muy delicada. Sin duda mejoran las finanzas públicas, pero de ninguna manera es lo esencial. ¿Qué es? Veamos.

Los 1.000 millones de dólares de subsidio es dinero de los ecuatorianos (no del Gobierno, sino de nuestro bolsillo) cuyo fin era cobrar a los usuarios del diésel menos de lo que nos costaba importarlo. Igual que ponemos 1.000 millones para un subsidio (aunque no lo llamamos así) en educación o salud, actividades básicas de la vida diaria que deben ser apoyadas sobre todo para la gente con menores oportunidades cobrándoles menos de lo que cuestan. ¿Qué pasa entonces con los 1.000 millones del diésel? Ese dinero (nuestro) terminaba en gran medida en actividades ilegales como contrabando, minería ilegal, corrupción o fabricación de drogas, y además en otras actividades legales, pero injustas como subsidiar el transporte (u otros usos) de grupos sociales que no deben recibirlo (es mi caso con mi vehículo a diésel) y también porque malgastamos combustible cuando el precio es muy bajo (damos diez vueltas, en lugar de parquear y caminar, que además es sano) lo cual es económicamente malo, pero además genera mayor impacto en el medioambiente.

Es dinero nuestro que se malgasta, desaparece en acciones negativas e improductivas, por eso debía ser eliminado. Y por eso sí se justifica mantener un subsidio al transporte público porque es un servicio indispensable sobre todo para la gente de menos recursos, aunque la manera de hacerlo vía un cheque mensual no parece lo más eficiente, usando tecnología para entregarlo directamente en las gasolineras con cupos, sería un mejor mecanismo.

¿Hay algo más que hacer? Sí. Petrocomercial tiene un monopolio en la importación de combustibles. Sería mucho mejor que se deje la libre competencia para traer combustibles, que cada uno busque sus mejores opciones en el mercado internacional, no tengo duda que el precio sería inferior al que cobra la estatal petrolera y de mejor calidad. Además se generaría una mejora adicional en las finanzas estatales porque Petrocomercial ya no requeriría de un capital de trabajo (caja) para importar los combustibles (3 mil millones de dólares) antes de venderlos. Posiblemente eso le ahorraría unos 500 millones de dólares de caja.

¿Y las finanzas públicas? La situación actual significa que nosotros cubrimos el subsidio de 1.000 millones de dólares ya sea con impuestos (nuestros), petróleo (nuestro) o deuda (futuros impuestos nuestros), y ahora lo vamos a cubrir pagando un mayor precio por el diésel, el cual también sale de nuestro bolsillo. En consecuencia debería disminuir el déficit estatal y por ende haber menos necesidad de endeudamiento, o que el déficit sea el mismo, pero disminuimos algún impuesto. El peor escenario sería que el dinero adicional cobrado en el diésel vaya a aumentar otros gastos (más allá del subsidio al transporte ya comentado), y terminemos reemplazando un pésimo subsidio por malos gastos, cuando el objetivo general debe más bien ser seguir eliminando tanto malgasto estatal. ¡Ojo, hemos dado un buen paso, no lo dañemos porque hay muchos “malos interesados” detrás de estos procesos! (O)