Nuestro país vive momentos nunca vistos. El narcotráfico, asociado a los asesinatos, -muchos de ellos muy crueles-, extorsión, secuestro y sicariato, en los cuales involucran a menores, enseñándoles a matar, desde pequeños, y la violencia que esto genera, que nos hace sentir inseguros en todas partes y a cualquier hora, tanto que está cambiando nuestra forma de vivir, va ligado, inequívocamente, a la administración de justicia y sus terribles falencias.
Si tenemos un faltante de 626 jueces, un déficit presupuestario de 205 millones de dólares, según el presidente del CNJ; y, de 1776 servidores de la fiscalía, ¿cómo podemos esperar que estos entes, llamados a poner orden en esta sociedad criminalizada, funcionen? Algún remedio debemos encontrar a estos gravísimos problemas, que sí son emergentes porque no podemos vivir en paz, estamos todos amenazados, hasta de ser víctimas colaterales en cualquier momento; los negocios cierran temprano por miedo a la delincuencia organizada y desorganizada, lo cual afecta a todos y aleja el turismo y la inversión, porque el Ecuador es el país más violento de América Latina, donde se da un asesinato por hora. No podemos continuar esperando a que se sigan segando vidas inocentes, que se extorsione a diestra y siniestra y que hasta los planteles sean víctimas de los delincuentes. Esto debe parar de alguna manera y, con la insuficiencia de jueces y fiscales correctos, la rueda continúa girando a favor de los malhechores, que mantienen a gran parte de la población sometida a la ingesta de drogas. Y esos sometidos forman parte también del ejército de asaltantes o de los extorsionadores. Tampoco existe una varita mágica para poner coto a tantos males que los gobiernos han permitido, en el tiempo, crecer, sin hacer nada para corregir la inconducta de tanto criminal avezado que se ha introducido en nuestro suelo, contaminando casi todo. Algo debemos hacer y ya.
Si tenemos la ley de integridad pública, que nos permite declarar en estado de emergencia a la Función Judicial y a la Fiscalía ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué tenemos que oponernos utilizando la repetida frase de que “se va a meter mano a la justicia”? Ya veremos qué pasa y estaremos atentos a que esto no ocurra, pero, lo que no podemos hacer es seguir marchando en nuestro propio terreno. Si sabemos que hay malos servidores en ambas instituciones, ¿por qué no sacar el machete y desbrozar la mala hierba ahora, no mañana? ¿Por qué no dotar del número suficiente de jueces y secretarios, cuando nos quejamos de que no se nos atiende, que no se dicta sentencia y que los juicios duermen años, comenzando porque las citaciones no se hacen tampoco, y, por ende, no se puede trabar la litis? No hablemos de la precaria infraestructura. ¿Por qué no se cobran las tasas judiciales, si la justicia, aquí, no es gratuita, porque se debe pagar al citador y a los jueces, con excepciones, por supuesto? Jueces y fiscales deben ser muy bien remunerados para tener funcionarios honrados y eficientes.
La gratuidad en la justicia no existe. Comencemos por no coimar y por denunciar a quienes piden que se les pague para hacer su trabajo. De otro modo, no podremos domar a este monstruo de varias patas. (O)
