La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad. En relación con Ecuador, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU informó en marzo de 2026 que la Fiscalía del país registra 51 casos de esos, de ciudadanos principalmente de tez negra, incluso menores de edad, en operativos de las fuerzas de seguridad, los años 2024 y 2025, en Guayas, Los Ríos y Esmeraldas. Expresó su preocupación por la creciente militarización de la seguridad pública y el uso reiterado de los estados de excepción, contextos de las desapariciones, cuando se restringen los derechos constitucionales. La participación militar, según el Comité, debe ser excepcional, temporal y bajo supervisión; el Ministerio de Defensa y las FF. AA. deben cooperar plenamente con las autoridades encargadas de la búsqueda de los desaparecidos e investigación de los casos, incluyendo el acceso sin restricciones a los documentos e información relevantes.
Ciertamente que, si lo observó ese importante órgano de la ONU, es porque hay falencias en la materia, como lo estableció la Corte Constitucional en su sentencia de habeas corpus de los niños de Las Malvinas, desaparecidos y aniquilados, en la que advirtió, por ejemplo, que las FF. AA. no están subordinadas a la Policía Nacional como corresponde, o la alegación de reserva de información como negativa o demora para entregarla, o la obligación de presumir como presunta desaparición forzada cuando el sospechoso sea un agente del Estado, todo lo cual, según el fallo, implica reformas legales que deben cumplirse en un año.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Ecuador, que desde el gobierno de Febres-Cordero viene documentando las desapariciones forzadas, ha recordado que la declaratoria de conflicto armado interno fue cuestionada por organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, por poner en grave riesgo la vida e integridad de la ciudadanía y que no se justificaron los requisitos para declararlo. Ha identificado patrones de intervención militar mediante allanamientos ilegales causando destrucción de pertenencias y robos, operativos indiscriminados, amenazas con armas de fuego, uso de gas, agresiones físicas, desnudamientos, ausencia de protocolos para el tratamiento de menores de edad. En cuanto a la justicia, demoras en la recepción de denuncias, ineficiencia institucional en la búsqueda de desaparecidos, retrasos deliberados, tipificación como secuestro de los detenidos desaparecidos por la fuerza pública, ausencia de notificación a los familiares de las víctimas, a quienes se les ha dicho que estas han muerto o que la investigación durará más de 15 años. Además, se han denunciado ejecuciones extrajudiciales.
Un familiar de un niño de Las Malvinas, no casualmente negro ni empobrecido, depuso ante la Corte que perder a un hijo es como sentirse muerto en vida. Las hermanas menores lloran todas las noches preguntando por qué los militares les hicieron daño. Compañeros de estos cooperaron con los jueces y denunciaron los malos tratos infligidos. Así son las desapariciones forzadas. ¡Nunca más! (O)