Fuentes gubernamentales aseguran que esta vez el presidente sí convocará a la consulta popular que viene anunciando reiteradamente. Hace un año, cuando la mencionó por primera vez, se entendían los motivos que le movían y los objetivos que intentaba alcanzar. En ese momento su debilidad en la Asamblea se compensaba con la endeble alianza que tenía con Izquierda Democrática y Pachakutik y con el alto índice de aprobación que le daba la ciudadanía gracias a la campaña de vacunación. La combinación de ambos factores era motivo más que suficiente para acudir a este procedimiento de democracia directa. Era previsible un triunfo en la consulta independientemente del contenido de las preguntas. Pero la realidad actual es muy diferente. La bancada gubernamental está prácticamente aislada en el Legislativo y la inacción del Gobierno ha provocado que una abrumadora mayoría le califique negativamente. Una consulta en esas condiciones puede ser un suicidio.

La larga experiencia del país demuestra que este tipo de eventos se definen fundamentalmente por la aceptación o el rechazo que tiene quien hace las preguntas. El contenido de estas no pasa de ser un aspecto secundario y la consulta se convierte en un ejercicio plebiscitario acerca del convocante. Hay que recordar que varios temas de interés ciudadano fueron rechazados y en otras ocasiones algunos de escasa trascendencia fueron aprobados. En la situación actual la consulta será el instrumento ideal para que los sectores más radicales de la oposición impongan el ritmo. Por más sesudas que sean las preguntas, a ninguna fuerza política le convendrá apoyar la iniciativa de un gobierno que tiene sus índices de aprobación por los suelos. Saben que una mínima muestra de apoyo –o, incluso, apenas de coincidencia– significaría ponerse un fardo a la espalda y verse arrastrado hacia el fondo. El cálculo político se impondrá y por ello la campaña será un cargamontón del que el Gobierno saldrá más debilitado.

... como se vio, esa jugada está destinada al fracaso por la debilidad del Gobierno.

Por otra parte, el marco jurídico ecuatoriano limita significativamente el margen de acción y efectividad de las consultas. Sintetizando, se puede decir que esta apelación al voto popular no constituye una ruta adecuada para abordar los temas de fondo. Reformas constitucionales o cambios en aspectos básicos del procedimiento político están casi por completo excluidos en esta modalidad. La Constitución que rige actualmente, a diferencia de las dos anteriores, relegó la consulta para aspectos secundarios al colocar una serie de obstáculos para su realización. La supuesta expresión de la voluntad popular queda en el plano de la retórica. Por ello, apelar a este procedimiento se justifica exclusivamente como jugada política. Pero, como se vio, esa jugada está destinada al fracaso por la debilidad del Gobierno.

Frente a todo eso se podrá argumentar que hay asuntos importantes que no requieren de reforma constitucional y por tanto pueden ser consultados. En efecto, es así, pero eso choca con dos realidades. Una es la señalada al inicio, acerca de la insignificancia de los temas en la decisión popular. Otra es que para ello se requiere que el Gobierno, que es el convocante, presente propuestas claras en cada uno de los temas consultados. Pero si no lo ha hecho para definir sus políticas, difícilmente podrá hacerlo para someterlas a consulta. Estará consultando su propia derrota. (O)