Hay que sostenerla, aunque está corroída por dentro. No solo en nuestro país, también en otros más importantes y grandes, como los Estados Unidos de Norteamérica. Antes era impensable que la democracia permitiera que sus mismas instituciones fueran pervertidas al punto de que quienes se preocupan por la cosa pública vean la necesidad de revisarlas a fondo para preservarla. Creíamos que el control recíproco de poderes para evitar los abusos de quienes los ejercen era su característica, luego de que el pueblo eligiera a los mejores. Porque en el fondo, la democracia aspira a que el pueblo sea gobernado por hombres y mujeres nacidos de su entraña, por los mejores talentos y los más virtuosos.
Hacen falta legisladores capaces, que sean probos, que no aconsejen cómo se debe robar, que no conspiren para botar al presidente esperando que regrese el prófugo que inspiró la legislación permisiva, ese demagogo que proclamando soberanía suprimió el control de la base de Manta.
Hemos desarrollado una serie de instituciones para defender al individuo de los excesos del poder, tanto que la Constitución de Montecristi es calificada como la más “garantista” de todas. Hemos rodeado a los derechos humanos con una aureola de santidad intocable. Pero nos equivocamos porque los más hábiles delincuentes se han aprovechado de esas mismas garantías para ser impunes. Los corruptos quieren utilizar los recursos generosos de los procedimientos legales para evadir la justicia. En los últimos decenios, conforme el narcotráfico ha invadido la vida y la ha corrompido, abusan de los derechos humanos y de las garantías procesales para que nadie los toque. Tienen dinero para comprar todo: legisladores, jueces, tribunales, policías, guardianes, políticos. La democracia está derivando hacia una narcocracia: el gobierno de los traficantes internacionales de drogas y sus cómplices locales.
Exigimos que el presidente de la República aplique la ley, que sea fuerte, que controle las cárceles para que los presos no se maten entre ellos con armas de fuego poderosas. ¿Quién permite que las entren en los reclusorios? ¿Quién impide que jueces venales permitan liberar a delincuentes apresados en flagrancia, si ya recibieron su precio? ¿Acaso el señor Lasso es responsable de la corrupción de quienes no cumplen con su deber? Él responde por sus actos y no podemos pedirle imposibles si cada uno de nosotros no cumple con su deber.
El sistema democrático no es culpable. Somos nosotros. Es la perversión de las personas la culpable de la situación que nos oprime. Son las leyes defectuosas y permisivas que tenemos que cambiar para que los delincuentes no abusen de las garantías del Estado de derecho. Es tarea de la Asamblea, de los asambleístas honestos. No es del presidente de la República. Creo que hace lo que puede con un parlamento que conspira para sacarlo del poder y unos dirigentes indígenas que se suman para echar más leña al fuego.
Hacen falta legisladores capaces, que sean probos, que no aconsejen cómo se debe robar, que no conspiren para botar al presidente esperando que regrese el prófugo que inspiró la legislación permisiva, ese demagogo que proclamando soberanía suprimió el control de la base de Manta.
Reaccionemos. Salvemos la democracia. Apoyemos la guerra contra los narcos. Dejemos a un lado intereses personales, salvemos a nuestro país. Por nosotros, por nuestros hijos y descendientes. Por la Patria. (O)
