Ese es el estimado presidencial del costo de la corrupción de los últimos catorce años. Es una suma superior a todo lo invertido en ese período por el sector público, incluyendo municipios y prefecturas, $ 58.000 millones. Mayor que la deuda pública,

$ 63.000 millones. Una cifra espeluznante. No es que antes no haya habido corrupción. Es que el correato montó una maquinaria para saquear al Estado, siendo uno de sus mayores logros hacer desaparecer $ 1.400 millones por encementar lo que era el bosque seco de El Aromo. Para ese proyecto se contó con la complicidad de Hugo Chávez, plusmarquista mundial de la corrupción hasta que fuera superado por sus discípulos Maduro y Cabello. Otro gran atraco fue la repotenciación de la refinería de Esmeraldas: gastaron $ 3.000 millones, y quedó tan inoperante como antes. Comparado con ello, los $ 7 millones entregados a Podemos a través de la Embajada de España son tillos.

El presidente urge a la fiscal Salazar lograr la condena de los pillos de corazón de piedra que robaron la plata de los hospitales para enfrentar la pandemia. Pero la fiscal, cuyo esfuerzo se reconoce, se tropieza con la connivencia de jueces con los acusados. No pocos en la Función Judicial consideran que la lucha contra la corrupción es una amenaza.

El clamor popular es “recuperar lo robado”, lo cual sin duda es urgente, pero es lo más difícil. Desde la publicación de los papeles de Panamá, las coimas ya no se depositan en bancos suizos ni en cuentas panameñas. Lo probable es que los nuevos ricos de la revolución ciudadana guarden sus fortunas en bancos de Hong Kong o Medio Oriente, donde la transparencia no llega.

A los que invirtieron sus coimas en inmuebles en Miami, los han agarrado las autoridades estadounidenses por lavado, pero aparentemente el Ecuador no es parte del caso, y no recupera nada.

Para detectar el dinero escondido haría falta contratar a una firma multinacional con experticia en la pesquisa financiera; la más famosa es Kroll. Y quizá otra de abogados para que consiga la devolución del dinero. Pagarles con un porcentaje de lo cobrado.

Hay exfuncionarios ya condenados, y se conocen las cuentas en que depositaron el dinero mal habido. Sería bueno que el presidente ordene le informen cuánto se ha recuperado y que lo haga público.

Lo que se robaron los funcionarios públicos es solo una fracción del dinero perdido. Quien paga la coima, para recuperar ese gasto infla el costo de su servicio o producto, y entrega bienes o una obra de inferior calidad. El funcionario coimado no fiscaliza, y si lo hace es para cobrar más coima. ¿O no es así, señores excontralores Pólit y Celi? Para recuperar ese dinero habría que enjuiciar a los contratistas y suministradores, algo más difícil.

Un funcionario de la banca multilateral me indicó que en América Latina, el valor real de lo que invierten los gobiernos de América Latina es la mitad de lo gastado. Y que Ecuador está por debajo del promedio. ¿Cuánto es corrupción, cuánto mala administración?

El lunes 13, el presidente Lasso firmó un memorando de entendimiento con la ONU para establecer un programa anticorrupción. Una buena iniciativa para frenar actos futuros de corrupción sobre todo de altos funcionarios, pero presuntamente de poca utilidad para investigar delitos pasados. (O)