Hoy en entredicho por suspender la vigencia de ciertos artículos de leyes recientemente aprobados. Es la misma Corte que hace menos de un año, mediante sentencia obligó a todos los colegios y escuelas adoctrinen a sus alumnos en ideología de género e infancia transexual, además están a punto de aprobar la adopción homosexual y el cambio de género.
Hace siete meses, esta misma Corte aprobó la adopción de medidas sustitutivas para criminales y delincuentes sentenciados. Decenas de ellos recuperaron su libertad, ahora libres pueden volver a delinquir, con la tranquilidad que podrán acogerse a la misma laxitud de nuestras leyes y tribunales. El alcalde de Pujilí acogiéndose a una disposición del año 2019, reclama ahora su derecho de ser trasladado a una cárcel de mujeres.
Esta misma Corte Constitucional autorizó sin razón a la Asamblea enjuiciar políticamente a Guillermo Lasso y provocó el uso anticipado de la muerte cruzada. La misma que llamada a proteger los derechos de todos los ecuatorianos, se preocupa más por los derechos de los delincuentes vinculados con acciones violentas del narcotráfico y terrorismo. El Gobierno se vio obligado a decretar en enero pasado una guerra interna por la toma del estudio de TC en Guayaquil y por todas las acciones en contra de la seguridad y paz social en el resto del país.
En ese sentido, el Gobierno procuró la aprobación de una serie de leyes que se constituyen en verdaderas herramientas en su lucha contra la delincuencia organizada. Estas tres leyes, Solidaridad, Inteligencia e Integridad Pública fueron promovidas para responder a desafíos como la seguridad ciudadana, el orden interno y la lucha contra la corrupción.
La Corte Constitucional incapaz de comprender las circunstancias que vive el país, procede a suspender la vigencia de los artículos 6, 9, 13 y 14 que incluyen la definición de conflicto armado interno, el indulto presidencial anticipado para policías y militares, bienes que se presumen objetivos militares. Igual lo hizo con algunos o varios artículos de la ley orgánica de inteligencia y de integridad pública. En conjunto, se trata de un total de 25 artículos suspendidos.
La suspensión de los artículos más polémicos produce un choque entre el Ejecutivo, que promueve reformas urgentes, y la Corte que pretende ejercer su papel de garante constitucional. La situación escaló políticamente; el Gobierno calificó a la Corte como enemiga del pueblo y en respuesta, se organizaron marchas y se la tildó de obstruccionista y de dificultar la protección para policías y militares.
¿Quién tiene la razón? Difícil decirlo sin haber estudiado a fondo estas leyes con dedicación y apego a los procedimientos legales. Quizá lo que más convenga es reformar la ley, la composición de la Corte, la forma de designación de los jueces y/o exigir en vez de mayoría simple, una mayoría calificada de dos tercios, para sus delicadas decisiones. Lo que sí creo estuvo de más es encabezar manifestaciones y más aún amenazar no transferir dinero para su normal desempeño o pretender dejarles sin un lugar donde funcionar. (O)
