El año pasado el cáncer entró a mi familia; lo hizo como suele hacerlo, con miedo, incertidumbre y urgencia. Sin embargo, lo más duro no fue únicamente el diagnóstico, sino constatar en carne propia la indolencia de un sistema de salud pública que en el Ecuador ha ido perdiendo su razón de ser: proteger la vida y la dignidad humana. Mi padre está recuperándose gracias a las gestiones incansables de su familia, pues el sistema de seguridad social nos falló. Esta experiencia refleja una realidad estructural que atraviesan cientos de pacientes oncológicos: diagnósticos tardíos o errados, tratamientos suspendidos, trámites interminables, falta de especialistas y hospitales desabastecidos.
Como abogada, siempre hablo de derechos; sin embargo, qué difícil es entender que la teoría y la práctica son contradictorias. La Constitución de la República reconoce a la salud como un derecho fundamental, irrenunciable y de atención prioritaria, cuya garantía recae de manera directa en el Estado; puesto que no se trata de una promesa, sino de una obligación jurídica exigible. La salud está estrechamente vinculada con los derechos a la vida, a la integridad personal y a la dignidad humana; por lo cual, cuando el Estado falla en asegurar atención oportuna, especialmente frente a enfermedades catastróficas como el cáncer, no solo incumple una política pública, sino que vulnera derechos constitucionales.
Pese a ello, en la práctica, enfermarse de cáncer en el Ecuador implica enfrentarse a la burocracia, a la frialdad de ser tratado como un número más y, muchas veces, a la “buena suerte” del paciente, para conseguir cita, para que exista medicación o solo para que el trámite avance antes de que el tiempo se agote. La situación se agrava por la ausencia o insuficiencia de especialistas en varias provincias, lo que obliga a las familias a desplazarse, endeudarse y abandonar sus actividades cotidianas para intentar acceder a la atención médica. Este escenario vacía de contenido el principio de igualdad y el acceso efectivo a los derechos. Un derecho que depende del lugar donde se nace o del dinero disponible deja de ser un derecho y se convierte en un privilegio.
El deterioro del sistema de salud pública es innegable y, frente a ello, se repiten las explicaciones de siempre, la falta de recursos, la herencia de administraciones pasadas, la corrupción o la indolencia gubernamental. Sin embargo, ninguna de estas “justificaciones” exime al Estado de su responsabilidad. La Constitución le impone el deber de adoptar medidas inmediatas, eficaces y sostenidas para garantizar derechos, en especial de los grupos en situación de vulnerabilidad. Cada retraso administrativo, cada proceso mal gestionado y cada omisión institucional tiene consecuencias humanas irreversibles.
Esta columna busca recordar que la salud no es un privilegio, sino un deber ineludible del Estado, una exigencia legítima y un derecho de toda persona. Es, además, un llamado a no desmayar ni a normalizar lo inaceptable. Exigir derechos también es una forma de defender la vida. Hace poco fue mi padre; mañana puede ser cualquiera. El cáncer no espera. El Estado tampoco debería hacerlo. (O)