Las bases, instalaciones o ubicaciones militares extranjeras representan cualquier tipo de infraestructura, terreno o sitio destinado a fines operativos, logísticos o de proyección de poder. Se establecen a través de acuerdos que regulan su uso y las condiciones jurídicas respetando la soberanía de la nación anfitriona. No obstante, generan controversias sobre soberanía y riesgos de dependencia, que deben abordarse antes de firmar un convenio.
En este contexto, la solicitud suele provenir de un país impulsado por intereses geopolíticos y estratégicos, para facilitar la disuasión, una respuesta rápida y una cooperación internacional frente a amenazas como el terrorismo y el narcotráfico.
Instalarlas se ha convertido en una práctica estratégica entre las potencias globales, como EE. UU., cuyo Departamento de Defensa las clasifica en dos grandes categorías: ubicaciones duraderas y ubicaciones de contingencia temporales. Entre las primeras destacan la Base Operativa Principal (MOB), con fuerzas e infraestructura completa para operaciones mayores; el Sitio Operativo Avanzado (FOS), con fuerzas rotacionales e infraestructura escalable –como el FOL en Manta activo hasta 2009–, y la Ubicación de Seguridad Cooperativa (CSL), con fuerzas mínimas o periódicas. Las temporales incluyen las de contingencia (CL), con duración de hasta 60 meses, para misiones de combate.
Esta clasificación ilustra la escala estadounidense, que cuenta con aproximadamente 750 de estas en unos 80 países, mayoritariamente en Europa y Asia-Pacífico. En Latinoamérica y el Caribe, bajo el área de responsabilidad del Comando Sur (Southcom), se estiman 76 bases o ubicaciones militares, orientadas a operaciones antinarcóticos, entrenamiento y de cooperación en seguridad.
En contraste, China mantiene una sola base militar confirmada en Yibuti, África, junto con seis en desarrollo, sin presencia en Latinoamérica. Rusia opera más de una veintena de bases en el mundo, distribuidas en doce países de su esfera geopolítica; en Latinoamérica no posee ninguna, limitándose a visitas navales, ventas de armas, asesores militares y mercenarios en naciones como Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Hay que recordar que Ecuador firmó un acuerdo con Estados Unidos que creó un sitio de operaciones avanzada (FOL) en Manta, desde 1999 hasta 2009, destinada a recopilar inteligencia mediante vigilancia aérea para interceptar naves de narcotráfico aéreo y marítimo, con resultados notables. Sin embargo, su cierre –debido al mandato del artículo 5 de la Constitución de 2008 y a la decisión de un expresidente– redujo drásticamente la capacidad nacional para combatir las actividades ilícitas.
Por ello, este 16 de noviembre los ecuatorianos enfrentamos la consulta sobre reformar el artículo 5 de la Constitución de 2008, que prohíbe la instalación de bases o instalaciones militares extranjeras y la cesión de bases nacionales. Un voto por el “sí” abriría la puerta a acuerdos militares beneficiosos, mientras que el “no” preservaría la prohibición actual.
Sería recomendable que prevalezca el “sí”, para incrementar las capacidades contra las amenazas del crimen transnacional que nos presionan. (O)