Por Santiago Leiras

¿Se transformará la coalición oficialista Frente de Todos en un frente de todos contra todos? ¿Logrará la alianza opositora Juntos por el Cambio preservar su unidad en la diversidad? Ante este contexto político, parecería que en Argentina estamos en presencia de un presidencialismo de colisión más que de coalición.

Una coalición de gobierno suele ser un conjunto de partidos políticos que acuerdan perseguir metas comunes, reúnen recursos para concretarlas y distribuyen los beneficios del cumplimiento de esas metas.

En los modelos clásicos de gobiernos de coalición en Europa Occidental, así como también en los no tan clásicos de América Latina, la distribución de dichos beneficios se lleva a cabo en forma vertical, mediante la distribución de la responsabilidad de gestión de las diferentes agencias estatales entre los miembros de la coalición.

La distribución de beneficios

¿Pero cómo se distribuyeron los beneficios dentro de la coalición de gobierno a partir de la asunción de Alberto Fernández y el retorno del peronismo en 2019?

La conformación del Frente de Todos nació de la iniciativa de Cristina Fernández de Kirchner de nominar como candidato a presidente a un dirigente de dilatada trayectoria, aunque con escaso poder territorial como Alberto Fernández. Y ella —a diferencia de lo que estamos acostumbrados— se autodesignó como su compañera de fórmula en su condición de líder natural del espacio que representa la primera minoría dentro de la coalición. Esto debido a carecer de capacidad para garantizar por sí sola el éxito electoral: “Con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede” terminó siendo la consigna.

Todo ello generó en su momento interrogantes en torno a cómo funcionaría la coalición, tanto por el rumbo de la relación entre el presidente y la vicepresidente, como por la distribución de las responsabilidades en la futura gestión entre los diferentes actores de la nueva coalición dominante.

Tras 18 meses de gobierno, la gestión de la coalición se ha caracterizado por tres aspectos fundamentales. El primero fue una distribución de los ministerios, secretarias, subsecretarias y direcciones nacionales de manera horizontal. Esto quiere decir que las asignaciones al interior de la administración se basaron en la coexistencia de actores de diferentes agrupaciones de la coalición.

El segundo aspecto es que este proceso de asignación horizontal convive además con un particular e insólito esquema de rendición de cuentas de los ministros a sus secretarios o subsecretarios y del titular del poder ejecutivo a la vicepresidente de la Nación.

Por último, la conflictiva coexistencia entre diferentes visiones sobre el rumbo a imprimir al gobierno nacional aparece de manifiesto entre los titulares de los ministerios, secretarias, subsecretarias y direcciones nacionales.

El resultado de esta modalidad de distribución de responsabilidades no ha sido otro que la parálisis política, el bloqueo institucional y la ausencia de una definición del rumbo general de la administración. Esto va desde la definición de la relación de la Argentina con el entorno internacional, la estrategia de contención de la inflación y la negociación de la deuda externa, hasta la estrategia para encarar la crisis sanitaria, más allá de la ortodoxa y compartida restricción de la circulación.

Resulta una extraña paradoja la de los economistas heterodoxos que se transforman en los más ortodoxos defensores de la estrategia sanitaria: el rechazo al ajuste económico convive con una más que encendida defensa del ajuste sanitario.

¿Y la oposición?

Un panorama de no menor complejidad se advierte en el seno de la coalición opositora, Juntos por el Cambio. Hay una ausencia de liderazgo nacional, pero también hay diferentes tácticas y estratégicas entre los sectores “duros” y “blandos” de la coalición en la construcción de un mensaje que dé cuenta, tanto de los límites de la experiencia de gobierno entre 2015 y 2019, como de una propuesta superadora a futuro.

Algunos de los aspectos a encarar en el seno de esta coalición son la necesidad de explorar una posible ampliación de la alianza, llevar a cabo un proceso de reinvención de Juntos por el Cambio —antes Cambiemos— que establezca nuevas metas comunes más allá de las originales, o definir un protocolo para procesar los conflictos al interior de una alianza heterogénea.

Como colisión se puede entender un enfrentamiento entre ideas, intereses, sentimientos opuestos o entre personas que los representan. Pero también se puede entender como el choque entre dos o más objetos de manera violenta por encontrarse en el mismo camino.

¿Será este último el inevitable desenlace? La traumática experiencia de la alianza electoral entre la Unión Cívica Radical-UCR y el Frente por País Solidario-Frepaso (1999-2001) nos llevarían a pensar que sí, mientras que la de Cambiemos (2015-2019), entre el fracaso económico y el éxito político aún en la derrota electoral, nos llevaría a pensar que no. En definitiva, como suele suceder en contextos inciertos, las interrogantes abundan y las respuestas escasean. (O)


*Santiago Leiras es cientista político y profesor asociado regular de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Doctor en América Latina contemporánea por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de Madrid-España (IUOG).

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