En varias ocasiones me he referido al origen del Estado y las razones que justifican su existencia. También he esbozado (sin profundizar jurídicamente en función del espacio limitado de esta columna) sus principales competencias, y entre ellas, aquella que le permite regular con autoridad las relaciones entre los ciudadanos, a través de la normativa jurídica pertinente.
Pues bien, así como los empresarios y comerciantes deben cumplir la legislación tributaria, por poner un ejemplo, o el constructor la normativa para obtener permisos de construcción, o el abogado la legislación procesal para su intervención en la defensa profesional dentro de un litigio, y todos ellos la legislación laboral respecto del personal bajo relación de dependencia con el que cuenta; así mismo, los actores políticos deben respetar y cumplir la legislación electoral vigente.
Por otro lado, quienes desempeñan funciones públicas, evidentemente deben, incluso con mayor rigor, enmarcar sus actuaciones a la legislación vigente. De allí aquella máxima de que “... en derecho público solo se puede hacer lo que expresamente está previsto en la ley...”.
Traigo a colación este asunto del imperio de la Ley y la obligación que tenemos todos los que vivimos en una democracia civilizada de respetarla a propósito de la “crisis” electoral que vivimos en estos días.
Es comprensible, en nuestra democracia de juguete, que quien quede fuera de la segunda vuelta electoral por 30.000 votos aplique el pataleo para ver si consigue revertir el resultado. Al braveo, a los insultos y descalificaciones. Pero en lo formal, la ley electoral, como no puede ser de otra manera, contempla vías para impugnar los resultados y para que estos sean revisados, y de ser el caso, corregidos. Pero, como también debe ser, esas vías requieren el cumplimiento de requisitos mínimos; así, quien reclama o impugna un resultado, debe documentar su queja, con acta en mano y con identificación de la inconsistencia, acta por acta (art. 136 del Código de la Democracia).
¿Se imagina, amigo lector, lo que pasaría en el país si cualquier candidato a cualquier dignidad pudiera pedir el recuento de votos de una parte o del total del país porque sospecha de fraude, sin documentarlo?
Olvídese un momento de la coyuntura, olvídese de que se trata de Yaku o Lasso. ¿Se imagina el caos que ello causaría?
Pues bueno, Lasso y Pérez pueden acordar lo que les dé la gana. Y el Ecuador entero aplaudirlos de pie, pero el CNE está obligado a actuar con apego a la ley, aunque ello moleste a quienes están acostumbrados a exigir la razón a fuerza de movilizaciones, vandalismo e insultos, y se creen fuera del alcance de la ley.
Actuar de otro modo no solo sería un nefasto precedente para esta resucitada democracia, sino que además acarrearía a los consejeros del CNE responsabilidades civiles, penales y pecuniarias (por el dinero público gastado en un recuento no sustentado de acuerdo con la ley).
Si no respetamos el Estado de derecho en algo tan fundamental como la voluntad popular expresada en las urnas, apaguen la luz y cierren la puerta. (O)