Es como un equilibrista en la cuerda floja al que se la tensan de ambos lados. Que se pueda caer y romper la crisma es parte del juego. Hay solo un puñado que mantiene una expectación mórbida. La multitud mira por otro lado sin ningún interés en el mezquino pasatiempo.
Es una metáfora que proyecta, figuradamente, la nueva pugna de poderes del Ejecutivo y la oposición en la Asamblea, donde toma forma una enredada dinámica de mayorías móviles. Mientras se salvó a la presidenta Llori de formarle una comisión que la investigue con apenas un voto, se otorgó con holgura una amnistía a 268 encausados, incluidos los cabecillas del levantamiento indígena de octubre de 2019, así como la partida de pirómanos que redujeron a cenizas el edificio de la Contraloría. Iza y Vargas, los líderes de la revuelta, junto con los correístas Pabón y Hernández, que intentaron un golpe de Estado vandalizando Quito de una forma bárbara, ahora son inocentes de una suma de delitos flagrantes de secuestro, ataque y destrucción de bienes públicos y privados, incluidos de yapa aquellos de tráfico de tierras por los que tenían sentencias en firme el tándem de terroristas de poncho.
Sin duda un hito vergonzoso de la legislatura, afeado por un informe justificativo donde se glorificaban los eventos que ultrajaron a mansalva la dignidad de la capital y su patrimonio histórico, pretendiendo convertir en héroes a una caterva de agitadores pagados y sus cabecillas. Y desde luego por la suma de 19 votos de la bancada oficialista BAN (Bloque de Acuerdo Nacional) que hizo posible que se concediera el sórdido perdón y olvido. Decisión que solo puede explicarse, en su sinsentido, por la compleja relación del Gobierno con la facción de Pachakutik que sostiene a troche y moche a Llori.
El presidente Lasso tuvo que salir a censurar esta sombría actuación en consecuencia a ese voto de rechazo de Quito al salvajismo que la ultrajó y que tuvo un peso decisivo en su elección de segunda vuelta.
El amplio repudio a la amnistía, que ratifica la desconexión de la Asamblea con los intereses ciudadanos, ha conducido a plantear un entusiasta apoyo a la “muerte cruzada” que sirva para mandar a su casa a la panda de mediocres (salvo las excepciones de rigor). Pero en las cuestiones de Estado no se puede obrar con los impulsos del furor.
Una carta de esta naturaleza significaría paralizar al país durante seis meses, en el marco de un escenario de tensión política y electoral, a la vez que de incertidumbre sobre el resultado en las urnas del pulso entre el Gobierno y la oposición.
En semejante entorno el proceso de reactivación económica, basado en los 30.000 millones de inversión privada, quedaría en suspenso, perjudicando las propias posibilidades del Ejecutivo de validar un poder que, en este momento, lo tiene ganado durante 38 meses. Es una apuesta demasiado arriesgada.
El Gobierno tiene que acostumbrarse a la idea de una relación muy inestable con la Asamblea. Reorganizándose para entrar en una fase de ejecutorias toda vez que el tiempo de meras expectativas está agotado. (O)