Los políticos nos representan y su obligación es encontrar maneras de avanzar hacia mejores instrumentos para el desarrollo (¡aunque en muchos casos, lo mejor que pueden hacer es eliminar leyes, no crear nuevas!). Estamos conscientes de que mejorar las finanzas públicas es bueno para todos, genera menos riesgos y más confianza; positivo para inversión y empleo. Y esto se puede alcanzar por dos caminos: bajar gastos improductivos (hay muchos que poco o nada aportan en lo económico, social o institucional) y aumentar ingresos. Lo primero es prioritario porque no puede ser que el Estado gaste $ 100 millones diarios (36 % del PIB anual) y nada se pueda hacer. Lo otro viene después, aunque puede ser necesario, y eso pretendía la reforma tributaria.

¿Qué debía hacer la Asamblea? Simple: debatir y mejorar la propuesta del Gobierno. Ciertamente es un proceso complejo (a pesar de haber utilizado el vocablo simple) porque para algunos “mejorar” es eliminar cualquier aumento de impuestos, mientras para otros es cargar con más impuestos “a los que más tienen”. Conciliar las dos visiones no es fácil.

¿Y por qué no logran llegar a acuerdos? Porque los incentivos van en dirección contraria. A los políticos les conviene pensar en las próximas elecciones, tres años y medio no les son tan lejanos, peor aún si hay la posibilidad de una muerte cruzada más cercana. Y frente a esas elecciones posiblemente la mejor estrategia es ser extremos, no negociar, mostrar que fueron “puros y duros” (lo mismo les sucede a los analistas: no ceder posiciones para ser vistos correctamente por sus ‘hinchas’). Además, el incentivo es siempre gastar más: en la Proforma 2022 se presentó un aumento de gastos, y la Asamblea pidió adicionales en salud, educación y jubilación… Y hay más incentivos perversos.

Pero los políticos no actúan en el vacío y ahí estamos los electores: además de querer más gastos pagados por los impuestos de otros, ¿cómo calificamos a quien negocia?, pensamos “qué bueno que se haya encontrado un espacio intermedio, que aunque no sea perfecto, es aceptable y permite avanzar” o pensamos “este se vendió a alguien”. Probablemente lo segundo. Sentenciamos que cualquier acuerdo es pecaminoso, que existió un pago bajo la mesa, “pronto sabremos en qué consistió ese acuerdo”. En parte tenemos razón porque quizás en el pasado muchos acuerdos fueron así. Pero algún momento debemos cambiar la cultura y pensar que el sistema democrático es eso: un mecanismo para ponernos de acuerdo razonablemente.

¿En qué hubieran podido ponerse de acuerdo? Sobre todo en dos grandes direcciones. Uno, simplificar el sistema con tasas más bajas y mecanismos más simples, por ejemplo la gente debería poder escoger para el impuesto a la renta de las empresas (cada cinco años) entre un sistema aplicable a las ganancias con mucho control como el actual, un impuesto sobre las ventas (donde solo se controlan los ingresos) o un sistema como el RISE (donde se predetermina un pago fijo). Dos, simplificar, pensando en bajar la evasión (lo más sencillo es más fácil de controlar) y la informalidad (cuando los impuestos son muy costosos en tasas, tiempo y procesos la gente prefiere mantenerse bajo el radar).

… Ojalá la próxima podamos discutir y acordar, podría ser la ley laboral. (O)