Como es habitual, rondan en el país las preocupaciones de una nueva crisis energética, derivada de problemas acumulados respecto de las inversiones en dicho sector en los últimos quince años, si bien desde 2024 se evidencian esfuerzos en torno a la recuperación de capacidad de generación eléctrica en el país, el hecho de no cambiar completamente la matriz energética y reducir así la alta dependencia de lluvias que conlleva una generación eléctrica entre el 70 % y el 90 % de la matriz, vuelve vulnerable al Ecuador en periodos de estiaje, y con una demanda eléctrica que supera la oferta entre un 12 % y 18 % anualmente. En ese sentido, la ausencia de lluvias, que en algunas partes del país ya bordea entre dos y tres semanas, acentúa la preocupación antes señalada.

Claro está que nuestro país goza de generación térmica, pero su costo y lo contaminante que significa la generación de la misma no la vuelven sostenible en el tiempo, aunque es de las más recurrentes ante la falta de generación hidroeléctrica; es conocida la posición geográfica excepcional que goza el Ecuador, que le permitiría aprovechar la generación de energía renovable como la solar, eólica, entre otras, pero choca ante una realidad importante como son las inversiones en las que debería incurrir el Gobierno, por lo que la participación de actores privados es fundamental para así avanzar a superar la dependencia hidroeléctrica. En ese sentido, hay que avanzar en dos vías, la primera es continuar de forma sostenida en la recuperación de la capacidad actual, tanto hidroeléctrica como térmica, pero paralelamente es primordial avanzar en un plan que abarque una generación eléctrica a base de energías no renovables. Hay casos de países como Uruguay, que logró transformar su matriz eléctrica en menos de dos décadas, cuando llegaba a depender casi en su totalidad de energía térmica pasó a generar actualmente el 98 % de su electricidad a partir de fuentes renovables, como eólica, solar, biomasa, entre otras, gracias a un acuerdo social con una amplia inversión público-privada que bordeó los $ 7.000 millones, un Estado que brindó garantías para la inversión y con una confianza creciente entre los diversos actores que ayudó a que el sector privado sea parte de este proyecto de altísima envergadura. Más allá de la transformación energética que logró ese país, redujo a poco más de la mitad los costos de generar energía eléctrica, beneficiando así a sus ciudadanos y llegando incluso a exportar energía, esto nos deja ver que sí es posible lograr cambios radicales. (O)

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Jorge Calderón Salazar, académico y analista económico, Guayaquil